La mayoría de partidos políticos peruanos ha definido la modalidad de elección mediante delegados para la selección de sus candidatos que competirán en las Elecciones Generales 2026, según informaron la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El plazo para registrar el método de elección venció recientemente y los resultados muestran una preferencia amplia por este esquema.
De acuerdo con la información oficial, 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales —Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad— adoptaron la modalidad de designación de postulantes a través del sistema de delegados, que implica un proceso interno supervisado y regulado tanto por los estatutos de cada agrupación como por las normas de la ONPE. Esta decisión ya no podrá ser modificada, pues el reglamento vigente determina el carácter irrevocable del método elegido al cierre del período de registro.
El sistema de delegados establece que, primero, los propios delegados serán seleccionados por los afiliados de cada agrupación política mediante un sufragio universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto. Una vez elegidos, los delegados asumen la responsabilidad de definir las listas de candidatos que participarán en los comicios frente a la ciudadanía. Este mecanismo busca asegurar una intermediación representativa, preservando a la vez el derecho de participación de la militancia en sus distintas etapas.
En contraste con la tendencia general, solo una organización política —el Partido Aprista Peruano— optó por la elección directa de candidatos con el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados. Este método otorga voz directa a las bases para definir a sus representantes, eliminando la figura del delegado como filtro decisorio.
Según lo comunicado por la ONPE, el partido Cooperación Popular no cumplió con informar la modalidad elegida dentro del plazo oficial. Por ello, y en aplicación estricta del reglamento, esta agrupación no podrá realizar elecciones primarias en el proceso de 2026.
El OEC
Un aspecto relevante en el proceso interno es el rol del Órgano Electoral Central (OEC). Todas las organizaciones partidarias debieron informar a la ONPE el correo electrónico y número de celular del presidente de su respectivo OEC, el cual es competente para resolver situaciones vinculadas a la determinación de candidaturas en última instancia. El OEC goza de autonomía y carácter permanente y se conforma, como mínimo, por tres miembros titulares y tres suplentes, quienes son designados según lo estipulado en cada estatuto. Bajo esta denominación se agrupan figuras como el Tribunal Electoral Nacional, Comité Electoral Nacional o Dirección Nacional.
De acuerdo con el calendario oficial las elecciones primarias se desarrollarán de manera simultánea el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025. En ellas se escogerán los candidatos que finalmente postularán en las Elecciones Generales de 2026, según el cronograma establecido por la autoridad electoral nacional.
Fuentes de la ONPE destacaron que “el cumplimiento de las normas de transparencia y democracia interna es esencial para legitimar tanto a los candidatos como a los partidos ante la ciudadanía”. Este proceso, que involucra a delegados y bases afiliadas, busca reforzar la confianza pública en los mecanismos de representación al interior de las principales fuerzas políticas del país.
La Resolución Jefatural N.° 000063.JN/ONPE estipula que las decisiones comunicadas por las agrupaciones partidarias respecto a la modalidad de elección no podrán modificarse posteriormente. Así, la institucionalización de los procedimientos internos queda bajo supervisión directa del organismo electoral, que vela por el cumplimiento de los plazos, las garantías estatutarias y las atribuciones del OEC en cada organización política.
La elección de la mayoría por el sistema de delegados refleja una tendencia en la política peruana dirigida a centralizar la toma de decisiones de candidaturas, aunque se mantienen modelos alternativos como el voto universal, hoy minoritario. Este panorama anticipa una campaña con reglas definidas y un marco regulatorio firme, con miras a garantizar procesos electorales transparentes y equitativos en 2026.
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