El impacto económico de la criminalidad en Perú alcanza cifras récord. Según fuentes oficiales y estimaciones recogidas por Latina, el país destinará 20 mil millones de soles en 2025 al combate contra el delito, entre gastos públicos y privados para reforzar la seguridad y enfrentar las consecuencias directas e indirectas de la inseguridad ciudadana. Este monto representa casi dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gasto en seguridad bordea esa cifra este año y compite con los presupuestos de los sectores de mayor importancia social. En el sector privado, empresas de distintos tamaños destinan gran parte de sus presupuestos a sistemas de vigilancia y contratación de seguridad privada.
El Estado, por su parte, dirige recursos a la construcción de penales, compra de armamento, fortalecimiento de la inteligencia policial e incremento del personal dedicado a funciones de protección. “En el sector privado, por ejemplo, muchas empresas tienen que contratar seguridad privada, que es costosísima. Esa plata lo hubieran asignado a otros fines”, declaró el exministro de Economía Jorge González Izquierdo a Latina.
El Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, difundido por el MEF, pone en relieve el peso que tiene la inseguridad en la economía nacional. El documento sostiene que el gasto en prevención, control y mitigación del delito en el país podría alterar las proyecciones de crecimiento si no se revierte el alza de delitos y actividades ilícitas.
Empresas y Estado asumen el alto costo de la inseguridad
De los veinte mil millones de soles estimados, casi catorce mil millones corresponden a inversiones y gastos del sector privado. Aproximadamente seis mil millones son absorbidos por el aparato estatal, destinado sobre todo a infraestructura penitenciaria, reforzamiento de los cuerpos policiales y herramientas para investigar delitos complejos y organizar operativos. Según recogió Latina, estas sumas han dejado de invertirse en proyectos productivos, generación de empleo y expansión económica.
El informe del MEF advierte además que los 19 mil 800 millones de soles que cuesta la inseguridad superan el presupuesto anual del sector Educación. González Izquierdo comparó la magnitud del problema: “Se iría a, a hacer mejores hospitales, a, a reparar las escuelas que se necesita”, comentó el exministro, resaltando cómo la inseguridad drena recursos que podrían fortalecer áreas clave de bienestar social.
Más allá de los daños inmediatos, el país enfrenta un riesgo de largo plazo. La falta de seguridad afecta la confianza para invertir e incentiva la reducción o cierre de negocios, situación que termina golpeando el crecimiento económico y comprometiendo la creación de empleo, apuntaron fuentes recogidas por Latina y confirmadas por las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual.
Fiscalía señala al Gobierno por parálisis de operativos contra el crimen
El Ministerio Público publicó un pronunciamiento en el que responsabiliza a la actual administración de Dina Boluarte por la reducción de fondos destinados a tareas de persecución del delito. De acuerdo con lo indicado, la negativa del Ejecutivo de ampliar el presupuesto pone en riesgo la capacidad de reacción ante la extorsión, la minería ilegal, la trata de personas, el crimen organizado y la violencia de género.
Los representantes de las diferentes Fiscalías enfatizaron su función constitucional de defender la acción penal, y explicaron que las restricciones presupuestarias podrían reducir de manera drástica la realización de operativos a partir de septiembre. “Esta función y atribuciones están en serio riesgo debido a la negativa del Ejecutivo a asignarnos el presupuesto solicitado, el cual, además, ha sido debidamente sustentado. El Ministerio Público necesita, para este año, ochenta y un millones de soles para no afectar el trabajo de todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a la labor fiscal”, advierten las autoridades.
Voceros de la Fiscalía solicitaron cooperación al Gobierno central para contener el aumento de la criminalidad y garantizar la continuidad de los operativos. Víctor Cubas, portavoz del Ministerio Público, denunció que la reducción del presupuesto —que cayó un 4% en 2025, ubicándose en cerca de 2.900 millones de soles— evidencia el deterioro de la capacidad operativa en un contexto de creciente presión sobre la seguridad pública.
Los datos del MEF y las advertencias de la Fiscalía instalan el debate sobre la sostenibilidad del gasto y la necesidad de repensar el rumbo de la política pública, en un escenario donde la delincuencia y la corrupción continúan generando costos elevados para toda la sociedad.
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