Extorsionadores amenazan a 102 colegios en Perú, Mininter promete reforzar seguridad y padres de familia temen por la vida de sus hijos

Más de trescientos estudiantes en Lima han dejado las aulas debido a una serie de amenazas de extorsión contra instituciones educativas, mientras autoridades se comprometen a reforzar la seguridad y los padres expresan preocupación por la vida de sus hijos. La cifra de colegios afectados varía según la fuente: la Asociación de Colegios Privados Educar con Libertad reporta 102 planteles, aunque el Ministerio de Educación reconoce solo diez.

Alumnos sin clases y familias atemorizadas

El impacto de la violencia es especialmente visible en distritos como San Juan de Lurigancho y Rímac. Una madre de familia afirmó que su hijo permanece encerrado en casa y se muestra afectado emocionalmente. Otro testimonio da cuenta del nivel de amenaza. En uno de los casos, una granada tipo piña fue hallada en un colegio de San Juan de Lurigancho, junto a una exigencia de 18.000 soles como pago inicial y 2.000 soles mensuales para no atacar a profesores y estudiantes.

La suspensión de clases presenciales en instituciones como el colegio Rayito de Sol ha obligado a cerca de cien estudiantes a continuar su educación en modalidad virtual. Aunque la Dirección Regional de Educación reporta once colegios extorsionados en Lima Metropolitana, el registro de organizaciones privadas refleja un número más elevado.

Controversia por el conteo de casos

La discrepancia sobre la cifra exacta de colegios amenazados ha generado debate. El Ministerio de Educación cifra el problema en diez casos ocurridos en la capital, seis en instituciones privadas y cuatro en públicas, mientras las agrupaciones privadas sostienen que la situación se extiende a más de un centenar de colegios en toda la ciudad.

Las zonas de Lima Norte, Rímac y San Juan de Lurigancho concentran la mayoría de los reportes. La policía ha identificado bandas como “la batería de los cuadrúnculo” y “la nueva generación” entre los posibles responsables. En algunas ocasiones, el origen de las amenazas ha resultado distinto de lo esperado; en el colegio nacional Micaela Bastidas, la investigación policial reveló que un padre de familia envió el mensaje para presionar la salida de la directora.

Reacciones y acciones de autoridades

El Ministerio del Interior (Mininter) y la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri) han acordado implementar estrategias conjuntas para combatir la extorsión en los colegios. El ministro Carlos Malaver y el presidente de Anacopri, Guido Quintanilla, junto al apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), han dispuesto incrementos en la vigilancia policial y el establecimiento de canales directos de comunicación con las instituciones educativas privadas.

Entre las nuevas medidas se encuentran capacitaciones virtuales para docentes, estudiantes y padres sobre cómo prevenir y denunciar casos de extorsión, la publicación de una guía de acción antiextorsión y la ampliación del sistema de recompensas para capturar responsables. Adicionalmente, se analiza la instalación de cámaras de vigilancia en los colegios, en parte por la propuesta del alcalde de Rímac, Néstor de la Rosa, quien señaló la insuficiencia de recursos y propuso conectar cámaras existentes en centros privados con los sistemas de monitoreo policial.

Escuelas bajo fuego cruzado

El temor no solo proviene de los mensajes; escuelas como el colegio University en Rímac suspendieron sus clases luego de ser baleadas en ocho ocasiones durante el horario de recreo. En ese caso, la policía estableció que el ataque iba dirigido a una empresa de transporte vecina, aunque las repercusiones afectaron directamente a los alumnos.

Mientras avanza el despliegue de estrategias para enfrentar la extorsión, cientos de niños y adolescentes se ven forzados a recibir educación remota, en un clima de inseguridad que mantiene en alerta a padres y profesores. La coordinación entre entidades públicas y privadas busca restablecer la tranquilidad en las comunidades escolares y garantizar el retorno seguro a las actividades presenciales.