Gestión de Rafael López Aliaga pagó más de S/ 4 millones en incentivos sin sustento legal a funcionarios de confianza de la MML

La administración de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima desembolsó más de cuatro millones de soles a favor de un grupo de funcionarios de confianza, a través de un concepto adicional a sus remuneraciones denominado Incentivo por Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales (ICOMI). La investigación exclusiva del periodista Daniel Yovera para Epicentro TV sostiene que este beneficio no cuenta con sustento normativo, según lo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con la documentación obtenida por el medio, entre julio de 2023 y julio de 2025 se concretaron seis pagos que en conjunto sumaron S/ 4’031,460.48. Los desembolsos beneficiaron a un número de entre 160 y 170 trabajadores de confianza por cada entrega, desde jefes de área hasta gerentes municipales, quienes accedieron a montos que llegaron hasta los S/ 10.000 en cada ocasión.

Seis pagos en dos años

Según el reportaje, el esquema de distribución muestra que los mayores montos correspondieron a la alta plana gerencial. En las listas de beneficiados aparecen militantes y exmilitantes de Renovación Popular, así como antiguos postulantes por Solidaridad Nacional. Según el MEF, los incentivos carecen de un marco legal que los respalde, aunque la MML sostiene que están autorizados por una ordenanza de 1996.

Cada uno de los seis desembolsos se realizó con cargo a los “Recursos Directamente Recaudados” y los “Recursos Determinados” de la municipalidad. El pago de diciembre de 2024, por ejemplo, ascendió a S/ 818,420.91 y alcanzó a 168 funcionarios. Según los documentos revisados por el medio mencionado, todas las áreas obtuvieron un puntaje de eficacia del 100%, lo que permitió que los beneficiados recibieran el monto máximo del incentivo.

El procedimiento de los desembolsos

El trámite seguido por la Municipalidad de Lima comprendió varios pasos. En primer lugar, la Oficina de Planificación y Gestión Financiera remitía los resultados de eficacia de las áreas, todas calificadas con 1.00 en la escala de metas cumplidas. Luego, la Oficina de Presupuesto confirmaba la disponibilidad de fondos y especificaba las fuentes de financiamiento.

Posteriormente, el gerente general emitía la resolución que autorizaba el desembolso, señalando que el incentivo no era remunerativo ni pensionable. Finalmente, la Oficina de Recursos Humanos solicitaba el pago a Tesorería, cerrando así el circuito administrativo. Cinco de los funcionarios que intervinieron en el proceso también aparecieron en la lista de beneficiados de diciembre de 2024, lo que muestra la amplitud del alcance de este incentivo.

Observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas

Al ser consultado por Epicentro TV, el MEF señaló que el incentivo denominado ICOMI no forma parte de ninguna política vigente del Estado peruano y que no se ha identificado una norma que lo autorice. Asimismo, recordó que desde 2006 existe una prohibición expresa para crear nuevos conceptos de ingresos o ampliar los existentes en los tres niveles de gobierno.

El ministerio precisó además que toda medida que implique el uso de recursos públicos, ya sea como remuneración, beneficio o incentivo, debe estar respaldada por una ley o una disposición con rango equivalente. En ese sentido, subrayó que los pagos realizados por la Municipalidad de Lima carecen de la habilitación legal necesaria para su otorgamiento.

La respuesta de la Municipalidad de Lima

Tras la difusión del reportaje, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que defendió la legalidad del bono. Señaló que desde 1996, mediante la Ordenanza N.° 100, se autorizó el Bono por Cumplimiento de Metas y que en 2006 se aprobaron directivas internas para regularlo, las cuales fueron actualizadas en 2011 y modificadas en 2012 y 2015.

La gestión de López Aliaga indicó que el beneficio se otorga solo a funcionarios de confianza de los niveles F-1 al F-6 que se encuentren en actividad, siempre que el Plan Operativo Institucional se cumpla en al menos un 95% y exista disponibilidad presupuestal. Añadió que se trata de un bono temporal, extraordinario y no pensionable, y afirmó que a diferencia de gestiones anteriores, esta vez se comunica de manera abierta para reforzar su compromiso con la transparencia.