La casa de Nicanor Boluarte, en San Borja, no fue la única allanada este miércoles. El Ministerio Público ejecutó diligencias en 10 inmuebles y cinco oficinas como parte del operativo Ícaro, cuyo objetivo es recabar evidencias e información para una nueva investigación que sindica al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, como presunto líder de una organización criminal.
Según la tesis fiscal, Santiváñez habría utilizado el Ministerio del Interior como una plataforma para favorecer a sus clientes y solicitar dinero a cambio de dichos beneficios.
Entre los hechos clave que se le imputan figuran: presunto favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Mininter, cobros indebidos para garantizar la permanencia de generales en sus cargos y un presunto favorecimiento ilícito a la minera El Dorado.
Además de la vivienda de Nicanor Boluarte, fueron allanadas la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho y la oficina de Percy Tenorio, socio de Santiváñez y considerado uno de los personajes más influyentes de esta presunta red criminal.
Presunto favorecimiento a Percy Tenorio
De acuerdo con la Fiscalía, el coronel PNP (r) Percy Tenorio habría recibido apoyo de Santiváñez para asumir la defensa de policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2020, en el gobierno de Manuel Merino.
A cambio, Santiváñez habría utilizado la oficina de Tenorio como un espacio para ocultar objetos personales y documentos frente a posibles allanamientos fiscales.
¿Y cuál sería el rol de Nicanor Boluarte? La Fiscalía sostiene que el hermano de la presidenta visitó en múltiples ocasiones la oficina de Tenorio. No obstante, su abogado aseguró que Nicanor Boluarte no conoce ni a Santiváñez ni a Tenorio.
La mina El Dorado
La investigación también alcanza a la minera El Dorado, titular de las concesiones Agripina I y II en Ayacucho. Según el Ministerio Público, Percy Tenorio sostuvo reuniones en su oficina de San Isidro con el empresario Franco Parodi, representante de la compañía. En esos encuentros se habría planteado la ejecución de un operativo policial encubierto bajo la figura de una intervención ambiental, con el fin de recuperar la posesión de los terrenos.
En ese contexto, se habrían pactado dos pagos: USD 60 mil para una primera inspección entre agosto y septiembre de 2024 y USD 100 mil adicionales para llevar a cabo el operativo en diciembre del mismo año. En total, el presunto soborno ascendería a USD 160 mil.
Precisamente, se trata de la mina en la que la presidenta Dina Boluarte habría solicitado a Santiváñez gestionar la contratación de su hermano Nicanor como consultor, con el fin de presentar arraigo laboral y así evitar una eventual prisión preventiva.
Dina Boluarte rechazó allanamiento a su hermano
La mandataria se pronunció tras la intervención de la Fiscalía en la vivienda de Nicanor Boluarte Zegarra. Durante un acto oficial, cuestionó la medida y calificó el allanamiento como carente de seriedad legal.
Boluarte expresó su sorpresa al señalar que se enteró de la diligencia a través de los medios de comunicación. Recordó, además, que esta es la segunda vez que se allana la casa de su hermano en el marco de investigaciones por presunta organización criminal.
“Por la prensa me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra, mi hermano, por un hecho, dizque de una organización criminal. Organización criminal cuyos integrantes que están en esa investigación no se conocen los unos con los otros”, declaró.
Por su parte, el ministro Juan José Santiváñez evitó pronunciarse sobre el tema.
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