El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estableció, mediante una nueva norma, que la cárcel de Barbadillo será la sede exclusiva para la reclusión de expresidentes del país, una medida “histórica” que fue oficializada con una resolución presidencial fechada este martes.
“Por primera vez en su historia institucional, el INPE ha decidido normar el internamiento de los expresidentes de la república en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, constituyendo esta acción como una medida histórica”, señaló el organismo en un comunicado difundido en su cuenta de X, antes Twitter.
La nueva norma incorpora en la Directiva “Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional” una disposición específica para estos casos.
“La Junta Técnica de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima, al realizar la clasificación de un interno que haya tenido la condición de expresidente de la república, excepcionalmente, por razones de seguridad personal debe ser ubicado en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, independientemente del régimen penitenciario y puntaje alcanzado”, se lee en el documento.
Esta modificación responde, según la norma, a la necesidad de subsanar un vacío legal en la clasificación de expresidentes, evitando la discrecionalidad que existía anteriormente.
La Dirección de Seguridad Penitenciaria afirmó que Barbadillo “reúne las condiciones de seguridad para la reclusión de internos con la calidad de expresidentes”. Asimismo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señaló que la incorporación de esta norma “no implica una actualización de todo el documento normativo ni se trata de una nueva versión”.
Esta regulación llega después de que el exmandatario Martín Vizcarra fuera clasificado inicialmente en un penal común (Ancón II), donde permaneció cinco días. La nueva medida también podría aplicarse para la actual presidenta Dina Boluarte, involucrada una serie de investigaciones.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender de inmediato todas las pesquisas abiertas contra la mandataria, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio del poder, salvo por los delitos por los que la Constitución permite su destitución.
El máximo tribunal de garantías declaró así fundada la demanda presentada por el Gobierno que sostenía que la persona que ejerza la Presidencia solo pueda ser investigada durante su mandato por los mismos delitos establecidos en el artículo 117, que permite destituir al jefe o jefa de Estado por traición a la patria, disolver el Congreso indebidamente o impedir elecciones.
Casos
Boluarte enfrenta investigaciones en la Fiscalía por la muerte de al menos 59 personas durante las protestas tras su llegada al poder, después de la detención de Pedro Castillo. También es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos, así como por el caso ‘Rolexgate’, por supuestos sobornos en regalos de lujo.
No informó sobre una incapacidad temporal por cirugías estéticas y se le acusa de falsificar su firma en documentos oficiales. Además, la investigan por encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien está prófugo.
Según una sentencia del TC, todos estos expedientes deben quedar congelados hasta que termine su mandato el 28 de julio de 2026 y entregue la presidencia al próximo mandatario.
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