La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste intervino un local de lubricantes en Ventanilla y detuvo a ocho personas vinculadas a una organización criminal dedicada a la distribución y venta de material de abuso sexual infantil por medio de grupos de mensajería instantánea. Este operativo, ejecutado el 26 de agosto de 2025, se realizó en coordinación con la Policía Nacional, organismos internacionales y la plataforma estadounidense NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children).
Desarticulación de la organización criminal
Las investigaciones de la Fiscalía de Lima Noroeste permitieron identificar a Álvaro Zea (23) como presunto cabecilla de la red, junto a Alejandro Chicllan (23), Jorge Quintanilla (25), Silverio Vásquez (20), Víctor Ochavano (44), Armando Guerra (43), Cristopher Cortez (28) y Leoncio Chávez (54). Los detenidos serían responsables de captar, almacenar y comercializar diariamente imágenes y videos de abuso sexual infantil a través de WhatsApp, Telegram y Signal desde 2024. El contenido era distribuido principalmente mediante “suscripciones” pagadas de aproximadamente 20 soles por usuario, lo que les permitió operar grupos con hasta cien integrantes en cada uno.
Durante el operativo se incautaron teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a análisis forense para identificar la magnitud de la red y determinar el origen y la extensión de la red delictiva. Según el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, “uno de los sujetos tenía hasta cinco grupos activos y cada uno superaba los cien miembros”. El valor cobrado a los usuarios variaba, pero la suscripción básica rondaba los 20 soles.
Modus operandi: comercios como fachada
La investigación determinó que los involucrados usaban negocios como locales de lubricantes y llanterías para encubrir la actividad ilícita. Estas fachadas permitieron el ocultamiento de la verdadera naturaleza de las operaciones y la coordinación entre miembros de la red. Las intervenciones simultáneas se centraron principalmente en distintos inmuebles de la zona de Ventanilla, donde se desarrollaba la mayoría de las transacciones. Las autoridades informaron que parte del material incautado reveló la existencia de víctimas menores de catorce años y la implicancia internacional de la organización.
El fiscal Velásquez Velasco confirmó: “La denuncia de un ciudadano al ser incluido en un grupo de WhatsApp fue clave para identificar los canales de distribución y activar la investigación”, dijo a Buenos Días Perú. La acusación permitió iniciar el seguimiento y lanzar el operativo que terminó con la detención preliminar de quince días para los sospechosos.
Alcance internacional y línea de investigación
Las pesquisas preliminares evidencian que los grupos virtuales superaban el ámbito nacional, ya que se detectaron usuarios registrados con números de teléfono de otros países y provincias del Perú. El flujo de contenido y las relaciones con redes extranjeras mantienen activa una colaboración con la Oficina de Investigación en Seguridad Nacional (HSI) y ONG internacionales especializadas en delitos transfronterizos. El propio fiscal detalló que “los dispositivos incautados serán clave para determinar el número real de víctimas y la posible vinculación con otros focos de abuso sexual infantil en el extranjero”.
El proceso de identificación de las víctimas continúa bajo reserva, dado que la competencia de la fiscalía comprende tanto la distribución del material como la posible producción local. Tres de los ocho implicados cuentan con antecedentes por delitos contra la libertad sexual, lo que forma parte del cruce de base de datos entre organismos nacionales y extranjeros para ampliar la investigación.
Avances y retos para el Ministerio Público
El operativo ha sido valorado como un ejemplo de cooperación entre Ministerio Público, Policía y plataformas de alerta internacional. La Fiscalía de Lima Noroeste mantiene la investigación abierta sobre el rol de cada detenido y el perfil de las víctimas, mientras se esperan los informes concluyentes sobre el contenido almacenado en los teléfonos incautados.
Los especialistas mantienen la hipótesis de que nuevas denuncias y pericias permitirán identificar a otros involucrados y ampliar el plazo de detención según el avance del caso. El círculo de víctimas podría aumentar tras el análisis de la información contenida en los dispositivos electrónicos y la recepción de denuncias adicionales.
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