El regreso de Juan José Santiváñez al gabinete ministerial sorprendió a propios y extraños. Este sábado 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte lo designó como nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos, una cartera clave para las decisiones políticas de su gestión. La noticia provocó reacciones inmediatas, tanto por su reciente paso por el Ministerio del Interior como por los episodios de su trayectoria como abogado.
Santiváñez ya conocía el escenario político desde dentro. En mayo de 2024 fue nombrado ministro del Interior, pero su permanencia duró menos de un año. En marzo de 2025, el Congreso lo censuró tras cuestionamientos a su manejo en temas de seguridad. Luego de esa salida abrupta, se mantuvo en silencio dentro del Palacio de Gobierno, al frente de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental. Pese a que su papel en esa oficina nunca fue del todo claro, permaneció en el entorno cercano de la mandataria.
Su retorno a un ministerio lo expone nuevamente al escrutinio público. Ahora, no solo por su anterior censura en el Legislativo, sino también por los casos que asumió como abogado en el pasado. Entre ellos destaca la defensa de dos policías acusados de integrar organizaciones criminales en Trujillo, episodios que, aunque él intenta contextualizar, continúan persiguiéndolo.
“Yo nunca he defendido delincuentes. He defendido a personas que consideramos inocentes, basándonos en informes legales de expertos”, afirmó Santiváñez en una entrevista con Panorama. Sus declaraciones buscan desmarcarse de la versión que lo ubica como defensor de agentes vinculados a redes de crimen organizado, aunque los antecedentes judiciales de los casos son conocidos.
Abogado en casos controvertidos
Antes de incursionar en la política, Santiváñez se desempeñó como abogado penalista. Entre sus casos más mediáticos figura la representación legal de los policías Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como “El Diablo”, y Eber Juárez. Ambos fueron capturados en agosto de 2016 en un operativo conjunto que incluyó a 350 efectivos policiales y 40 fiscales.
La investigación del Ministerio Público concluyó que estos agentes eran parte de la organización criminal “Los K y K”, una fusión de remanentes de “Los Pulpos” y “Nueva Jauría”. El Poder Judicial los sentenció a 22 años y 7 meses de prisión por colaborar con este grupo delictivo, señalado como responsable de extorsiones y asesinatos en La Libertad y otras regiones del país.
En su momento, Santiváñez interpuso recursos de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional. Su argumento central se basaba en la supuesta falta de pruebas sólidas en los expedientes. Respecto a Eber Juárez, el TC declaró fundada la demanda en noviembre de 2023 y ordenó un nuevo pronunciamiento judicial. En el caso de Salirrosas, en cambio, el recurso fue declarado infundado.
El nuevo ministro insiste en que sus decisiones como abogado se apoyaban en informes técnicos. Citó al penalista español Manuel Cancio Meliá, quien elaboró un análisis jurídico en el que se cuestionaban las sentencias contra los policías. “El informe establece que no había una correlación entre el material probatorio y la actuación de estos dos efectivos”, detalló.
El ahora ministro señaló que, cuando asumió funciones en el Ejecutivo, se retiró completamente de esos procesos. “Ya no soy abogado de estas personas. Mi compromiso ahora es con la política y con mi función pública”, expresó. Según explicó, desde su ingreso al Ministerio del Interior dejó cualquier vínculo con causas judiciales privadas.
Pese a esa aclaración, un reportaje televisivo lo acusó de haber defendido a policías ligados a bandas criminales. La respuesta de Santiváñez fue directa: “mentiras absolutas” y “falsas”. Además, aseguró que el material periodístico omitió documentos que demostraban la validez de su defensa técnica.
Un regreso estratégico al gabinete
Con este nombramiento, Santiváñez vuelve a la primera línea del Ejecutivo, esta vez en un ministerio que maneja asuntos vinculados a la política judicial y penitenciaria. La decisión de la mandataria se interpreta como un respaldo político, pese a las críticas que aún pesan sobre el ministro.
En su nueva función, tendrá la responsabilidad de gestionar un sector donde confluyen temas sensibles para la administración de Boluarte. Su paso previo por el Interior, sus nexos en el entorno presidencial y su trayectoria como abogado penalista lo colocan en una posición compleja, donde cada decisión será observada con atención.
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