En los primeros siete meses de 2025, el Perú alcanzó 7,704 sentencias por delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, de las cuales 6,750 fueron condenatorias, lo que representa el 87.6 % del total. Así lo informó la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la fiscal superior Jacqueline Pérez Castañeda, durante la presentación de los avances de este subsistema del Ministerio Público.
Estas cifras significan que ocho de cada diez casos terminan en condena, lo que demuestra un impacto concreto en la lucha contra la impunidad. Pérez destacó que “esto confirma que el sistema especializado funciona, que no solamente investigamos, sino que obtenemos justicia real para las víctimas. Investigamos con enfoque, litigamos y transformamos las denuncias en sentencias”.
Condenas diarias y mensuales
El informe detalló que, entre enero y julio, el Ministerio Público logró un promedio de 32 condenas diarias y 964 mensuales. Estas sentencias reflejan la capacidad de respuesta de las fiscalías frente a los casos de violencia, en un contexto en el que la sociedad demanda mayor protección y sanciones efectivas.
“Es un mensaje de que no hay espacio para la impunidad en los casos de violencia de género. Las víctimas no están solas, las escuchamos y actuamos”, subrayó la fiscal superior, remarcando el compromiso institucional.
Sentencias por delitos sexuales
Dentro de los procesos resueltos, los delitos contra la libertad sexual representan un desafío constante. Solo en este periodo, se registraron 1,362 sentencias en esta materia, de las cuales 663 correspondieron a casos de delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
De ese total, 381 sentencias fueron por tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos; 278 por violación sexual de menor de edad; y cuatro por el delito agravado de violación sexual de menor seguida de muerte. Estas cifras reflejan la gravedad de los delitos y la prioridad que se le ha otorgado a la protección de niñas, niños y adolescentes.
Atención en comunidades indígenas
El trabajo del Ministerio Público no se limita a las ciudades. En marzo de 2025 se inauguró una Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, donde habitan más de 52 mil ciudadanos de las etnias awajún y wampis.
Estas poblaciones enfrentan de manera persistente casos de violencia, especialmente abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Actualmente, la nueva fiscalía ya investiga 810 casos de violación sexual, agresiones físicas y violencia familiar. Su jurisdicción abarca los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa, considerados zonas vulnerables debido a la falta de acceso a servicios de justicia.
Una política de Estado
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, recordó que el subsistema de las fiscalías especializadas nació como parte de una política de Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y de género. Según señaló, esta estructura busca dar respuestas rápidas, con un enfoque centrado en las víctimas y en el acceso efectivo a la justicia.
El compromiso institucional no solo se refleja en la creación de nuevas fiscalías, sino también en la capacitación continua de los operadores de justicia, el fortalecimiento de protocolos de atención a víctimas y la articulación con otras entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil.
Contexto de la violencia contra la mujer en Perú
La violencia de género sigue siendo uno de los principales problemas sociales en el país. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023, 6 de cada 10 mujeres peruanas han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida.
Aunque se han registrado avances en materia de justicia, los especialistas advierten que aún falta reforzar la prevención y la atención integral de las víctimas. La persistencia de patrones culturales machistas, la revictimización en los procesos judiciales y las limitaciones en los servicios de apoyo siguen siendo obstáculos para erradicar esta problemática.
Desafíos pendientes
Si bien los resultados del Ministerio Público reflejan un avance significativo, las cifras también muestran la magnitud del reto. Miles de denuncias se presentan cada año, y no todas logran convertirse en sentencias.
Organizaciones feministas han señalado que es necesario garantizar la protección inmediata de las víctimas, fortalecer las casas de refugio y mejorar el acceso a asistencia psicológica y legal. Además, se destaca la importancia de educar a la sociedad en igualdad de género y prevención de la violencia para atacar el problema desde la raíz.
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