Topógrafos colombianos admiten violación de la soberanía al ingresar a Santa Rosa: PJ ordena prisión suspendida y su expulsión

El Poder Judicial condenó a Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Willington Amias López a un año y cinco meses de prisión suspendida y dispuso su expulsión inmediata del territorio peruano, tras admitir su responsabilidad en la violación de la soberanía nacional en el distrito de Santa Rosa de Loreto. La decisión, tomada por el Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto, incluye el pago solidario de una reparación civil de 4.500 soles, monto que deberá abonarse antes de 24 horas.

Durante la audiencia, los sentenciados llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, lo que permitió una condena reducida y evitó un proceso penal prolongado. A partir de ello, los acusados deberán cumplir con el régimen de controles biométricos remotos desde Colombia, bajo supervisión de la autoridad peruana. En caso de no seguir las medidas, los procesados perderán el beneficio de la pena suspendida y serán convertidos en reos efectivos, conforme a las reglas establecidas por la Corte Superior de Loreto. 

“En tal sentido, se ordena la inmediata libertad de los sentenciados, debiéndose cursar oficio a la comisaría correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto”, resolvió este miércoles el juez César Vela Flores.

La frontera amazónica entre Perú y Colombia enfrenta una escalada de incidentes diplomáticos y operativos que han puesto en debate la soberanía nacional en el distrito peruano de Santa Rosa, ubicado en la Isla Chineria, región Loreto. Los hechos incluyen la vulneración del espacio aéreo peruano por parte de un avión militar colombiano y el izado de la bandera colombiana por un precandidato presidencial allegado a Gustavo Petro en suelo peruano. Estas acciones han incrementado la tensión en una zona caracterizada por su condición estratégica y la dinámica compleja de la triple frontera con Tabatinga, Brasil.

En este contexto, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a los ciudadanos colombianos, quienes fueron sorprendidos realizando labores de medición topográfica con equipos GPS en Santa Rosa. Según el parte policial, ambos trabajadores procedentes de Bogotá y Leticia ejecutaban actividades para una empresa constructora. Argumentaron ante las autoridades que desconocían la necesidad de permisos específicos para este tipo de trabajo técnico, pero la Fiscalía amplió la investigación ante la posibilidad de que la operación tuviera alcances no autorizados.

Las autoridades judiciales dictaron una medida de detención preliminar de siete días para los dos topógrafos, quienes ahora afrontan un proceso por el presunto delito de atentado contra la integridad nacional, regulado en el artículo 325 del Código Penal peruano y sancionado con condenas mínimas de 15 años de prisión. Según la resolución judicial, el hallazgo de una bandera colombiana en el área de trabajo y las actividades técnicas realizadas pueden ser interpretadas como intentos de vulnerar la soberanía peruana. También se consideró que existía riesgo de fuga y de obstaculización de las investigaciones en curso.

Durante la audiencia, Carlos Fernando Sánchez ofreció disculpas públicas a la ciudadanía peruana y rechazó cualquier nexo con actores políticos colombianos, incluyendo el precandidato Quintero. Posteriormente, las autoridades decidieron el traslado de ambos detenidos a Caballococha, otro punto de la región Loreto, para continuar con las diligencias fiscales. El fiscal Rodolfo Sifuentes indicó que la falta de ingenieros especializados en Santa Rosa obligó a disponer el traslado para una revisión técnica exhaustiva de los equipos incautados, con el objetivo de determinar si los datos levantados servían a fines estratégicos.

Durante su detención, la Fiscalía de la Nación supervisó la evaluación de los instrumentos topográficos y recabó testimonios para esclarecer si existió una violación intencional de la normativa peruana o alguna finalidad distinta a la actividad declarada. Familiares de los topógrafos defendieron su inocencia ante los medios, señalando que al menos uno de ellos solo participaba como ayudante y carecía de información sobre los requisitos migratorios aplicables.

Este episodio ocurre en una zona fronteriza donde la libre circulación es habitual entre residentes de Santa Rosa (Perú), Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), aunque el marco legal peruano exige permisos específicos para tareas técnicas y profesionales. La situación sigue bajo investigación de las autoridades peruanas en medio de un clima de atención internacional sobre el respeto a las fronteras amazónicas.