La lucha contra la corrupción vuelve a ocupar la agenda parlamentaria. El congresista Jorge Samuel Coayla Juárez, integrante del grupo Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el artículo 117 de la Carta Magna. La iniciativa apunta a que el presidente de la República pueda ser procesado no solo por las causales que ya existen, sino también por diversos delitos vinculados a la administración pública.
Actualmente, la Constitución limita las acusaciones contra un mandatario en funciones a supuestos como traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso fuera de los casos permitidos. Esto significa que los delitos de corrupción de funcionarios, pese a ser los que más han marcado a los últimos gobiernos, quedan fuera de esa posibilidad. El planteamiento de Coayla Juárez busca cerrar ese vacío legal en medio de un escenario donde todos los expresidentes de los últimos 25 años han sido investigados o procesados por actos de corrupción.
La propuesta de reforma al artículo 117
El proyecto legislativo detalla que el presidente también pueda ser acusado por concusión, colusión, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho propio e impropio, negociación incompatible y tráfico de influencias. Todos estos delitos se encuentran tipificados en el Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal y están relacionados directamente con el uso indebido de recursos públicos o con beneficios obtenidos de manera ilícita.
Para sustentar la necesidad de la medida, el congresista citó cifras de Transparencia Internacional, que muestran que entre 2022 y 2024 el país cayó del puesto 101 al 127 en el Índice de Percepción de la Corrupción, reflejando un deterioro en la confianza sobre los mecanismos anticorrupción. Además, se señala que encuestas del Instituto de Estudios Peruanos y del Latinobarómetro revelan que más del 70 % de la ciudadanía considera que el presidente debería poder ser acusado por corrupción sin esperar al fin de su mandato.
El texto también resalta que constituciones de países vecinos como Chile, Ecuador y Colombia ya incluyen mecanismos que permiten enjuiciar a los mandatarios en funciones por delitos graves, entre ellos el enriquecimiento ilícito. Con esto, se busca demostrar que el cambio propuesto no es aislado, sino que responde a estándares regionales y compromisos internacionales asumidos mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
La iniciativa señala que la incorporación de estos delitos como causal de acusación no generará gasto adicional al Estado. Según el documento, el cambio constitucional fortalecería la institucionalidad al garantizar que las más altas autoridades estén sujetas al principio de igualdad ante la ley, evitando que el cargo presidencial se convierta en un blindaje frente a la justicia.
Los expresidentes peruanos que enfrentaron la justicia por corrupción
El caso de Martín Vizcarra, actualmente bajo prisión preventiva por cinco meses, se suma a una extensa lista de exmandatarios peruanos que han terminado procesados por delitos de corrupción. En su situación, la Fiscalía sostiene que habría recibido sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014, principalmente en los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del hospital de la ciudad. El Ministerio Público ha solicitado penas que podrían alcanzar hasta 15 años de cárcel, lo que lo convierte en el quinto presidente peruano en enfrentar una privación de libertad por este tipo de acusaciones.
Antes de él, otros exjefes de Estado atravesaron procesos judiciales con condenas y arrestos. Alberto Fujimori fue extraditado desde Chile en 2007 y sentenciado a 25 años por violaciones de derechos humanos y corrupción; Alejandro Toledo regresó en 2023 desde Estados Unidos para afrontar cargos por los sobornos de Odebrecht en la Interoceánica y cumple 20 años de prisión; mientras que Ollanta Humala recibió 15 años de condena por el financiamiento ilícito de su campaña electoral con dinero de la constructora brasileña.
La lista la completan Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en 2018 y quedó bajo arresto domiciliario por sus vínculos con Odebrecht a través de su empresa Westfield Capital, y Pedro Castillo, destituido en 2022 tras intentar un golpe de Estado, actualmente en prisión preventiva mientras avanza una serie de investigaciones por corrupción y organización criminal.
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