Martín Vizcarra llegó al penal de Barbadillo, donde permanecerá recluido luego de que el juez Jorge Chávez Tamariz declarara fundado el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche para imponerle cinco meses de prisión preventiva.
El siguiente paso de la defensa del exmandatario será presentar una apelación contra la medida restrictiva. Sin embargo, su abogado, Erwin Siccha, adelantó que también se evalúa interponer una denuncia contra el juez Chávez Tamariz por presunto prevaricato.
En entrevista con Exitosa, el letrado explicó que el equipo legal de Vizcarra considera esta posibilidad debido a que, según afirman, el magistrado habría utilizado un argumento falso para sustentar la prisión preventiva.
“Indica que el Ministerio Público sí ha cuestionado el arraigo familiar, cuando eso nunca ha sucedido. Y no se puede ser tan ligero de afirmar argumentos para privar a una persona de su libertad y asumirlo como ciertos, vulnerando todo tipo de garantías, porque por eso no fue materia de cuestionamiento”, declaró el letrado.
Presuntas demoras del PJ en la apelación
Siccha agregó que están recopilando la información necesaria para demostrar que el argumento del juez es falso y que Vizcarra Cornejo sí cuenta con arraigo familiar y domiciliario. Además, expresó su indignación por las declaraciones del magistrado, quien desconoció que Vizcarra aún debe hacerse cargo de uno de sus hijos menores de edad.
En ese sentido, detalló que presentarán el recurso de apelación correspondiente, con el objetivo de que una sala de segunda instancia retire la medida “lo más antes posible”.
Sin embargo, el letrado también denunció una presunta mala intención del Poder Judicial al no notificar la resolución, ya que, sin este documento, la defensa no puede apelar.
“Hasta ahora no nos notifican el íntegro de la resolución. Es decir, están restringiendo el derecho de defensa del señor Martín Vizcarra, porque ni siquiera nos notifican cuando, ayer aproximadamente a las 17:00 de la tarde, el juez dijo: ‘Voy a proceder a notificar a más tardar en una hora’. Entonces, ¿por qué no nos notifican? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que quieren impedir que nosotros apelemos y que el señor Martín Vizcarra siga estando preso por mucho más tiempo.”
Presunto conflicto de interés en la decisión
En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, Erwin Siccha alertó sobre un presunto conflicto de interés, al señalar que, supuestamente, el juez Jorge Chávez Tamariz estaba casado con una fiscal que pertenecía al Equipo Especial Lava Jato.
“Nos acabamos de enterar que el juez que ha estado a cargo de esta prisión preventiva es esposo de una fiscal que es miembro del Equipo Lava Jato. Vaya conflicto de interés. Nosotros considerábamos que podría existir, por lo menos, una cuestión de imparcialidad del magistrado; sin embargo, la resolución ha estado previamente redactada a esta audiencia”, declaró.
Al ser cuestionado sobre este punto, el abogado reculó y precisó que los miembros de su equipo estaban corroborando el dato. Sin embargo, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, fiscal Rafael Vela Barba, se adelantó y desmintió estas afirmaciones.
El fiscal confirmó que la esposa del juez Chávez Tamariz trabaja en el Ministerio Público, pero negó que forme parte del equipo que dirige. Asimismo, advirtió que, si la información hubiera sido cierta, sería una falta grave por parte de la defensa no haber presentado un recurso de recusación para apartar al magistrado del caso.
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