La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Comités de Autodefensa procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000.
Tras su regreso de Japón, la mandataria encabezó una ceremonia para la firma de la norma, impulsada por el fujimorista Fernando Rospigliosi —presente en el acto—, la cual ha sido cuestionada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Boluarte calificó la medida como “un acto histórico” que devuelve la dignidad a quienes “lucharon en defensa de la patria”.
“Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la nación que juraron proteger”, afirmó.
Pese a los pronunciamientos en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la jefa de Estado aseguró que las leyes que promulga su gobierno se dictan “en el marco del respeto a los derechos humanos, pero también a la soberanía nacional”.
“El Perú es un país soberano y así se ejerce en todos los poderes del Estado y en todo nuestro territorio. La soberanía emana del pueblo y está consagrada en nuestra Constitución. Las leyes peruanas justas, correctas y adecuadas, que buscan la unidad, la paz y la reconciliación nacional, se cumplen porque somos un país independiente, autónomo y libre”, subrayó.
Dina Boluarte contra organismos defensores de DD.HH.
En otro momento, sin mencionar directamente a la Corte IDH, criticó a las organizaciones de derechos humanos que pidieron no promulgar la ley por considerar que favorece la impunidad y no garantiza la reparación de las víctimas.
“Están equivocadas aquellas instituciones internacionales o nacionales, influidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú a sus designios. Si ellos se ponen del lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas, nosotros estamos al lado del Perú, de los peruanos de bien, que solo quieren paz y no más derramamiento de sangre. Nuestro gobierno siempre hará prevalecer la paz”, expresó.
Cabe señalar que el gobierno de Boluarte ha reavivado la discusión sobre una eventual denuncia del Pacto de San José y el retiro del país de la competencia de la Corte IDH. La mandataria y varios de sus ministros son investigados por las muertes ocurridas durante las protestas al inicio de su gestión.
Nueva ley de amnistía es inaplicable
La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, sostuvo que la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso peruano, y que podría beneficiar a sentenciados e investigados por violaciones graves a los derechos humanos, carece de aplicabilidad en el marco legal vigente.
En declaraciones recogidas por Infobae, Pérez Tello explicó que dicha norma contraviene compromisos internacionales suscritos por el Perú y disposiciones constitucionales.
La exministra argumentó que “las leyes de amnistía para graves violaciones de derechos humanos no son compatibles con el derecho internacional”, y recordó que el Perú ha suscrito tratados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes.
Pérez Tello subrayó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática al indicar que ninguna amnistía, prescripción o eximente puede impedir la investigación y sanción de responsables de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”.
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