El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que existe una “evaluación favorable” en el Gobierno de Dina Boluarte respecto a la promulgación de la ley de amnistía para miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) aprobada por el Congreso. Ello a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al Estado peruano suspender el trámite de dicha norma.
En entrevista con RPP, Arana aseguró que el Ejecutivo tienen claro que “la amnistía es una potestad del Congreso” consagrada en la Constitución y reiteró que, de momento, existe “una evaluación favorable”.
“Existe una posición muy favorable de varios de los ministros en que asumimos que hay una coincidencia con lo que expresa el Congreso de la República. Y eso ya es una coincidencia”, declaró el premier.
Cuestiona resolución de la Corte IDH
En esa línea, el premier Eduardo Arana cuestionó a la Corte IDH por emitir un fallo ordenando suspender el trámite de la ley de amnistía como parte del seguimiento a la sentencia del caso Barrios Altos.
“No hay ningún tribunal en el mundo que una vez que esté expedida una sentencia, pueda volver sobre su sentencia, expedir nuevos fallos. Eso es algo inusual. Eso es algo que no existe en un tribunal de ninguna parte del mundo”, dijo Arana.
Agregó que “no puede haber intervención de ningún país y ningún órgano que pretenda afectar las potestades tanto del Congreso como del Ejecutivo”.
Respecto a una posible denuncia al pacto de San José con miras a retirar a Perú de la competencia de la Corte IDH, Eduardo Arana recordó que en su gestión en el Ministerio de Justicia promovió encuentros para recoger la opinión de la ciudadanía y sociedad civil al respecto.
El caso
La ley de amnistía, aprobada el 11 de junio, exime de responsabilidad a uniformados y comités de autodefensa denunciados, investigados o condenados por violaciones graves de derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo en las décadas de 1980 y 2000. La norma cuenta con el respaldo de partidos como Honor y Democracia y Fuerza Popular, y contempla beneficios para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y sentenciados de edad avanzada, incluyendo a implicados en los casos La Cantuta y Barrios Altos.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López, solicitó al Estado peruano suspender de inmediato el trámite de la ley y abstenerse de aplicarla. Además, convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto de 2025 en la sede de la institución en Costa Rica, donde participarán representantes del Estado, de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el ámbito nacional, la fiscal Delia Espinoza reiteró la inadmisibilidad de las leyes de amnistía para crímenes de lesa humanidad y advirtió sobre el riesgo de incumplimiento de las obligaciones internacionales del Perú.
Por su parte, Gisela Ortiz, familiar de una víctima del Grupo Colina, expresó: “Estamos aquí para defender nuestro derecho a la verdad y a la justicia, derechos que el Estado peruano no está garantizando”.
El ministro del Interior, Carlos Malaver, manifestó su rechazo a la solicitud de la Corte IDH y defendió la soberanía nacional: “La Corte no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer”. En declaraciones a Canal N, Malaver afirmó: “Tenemos que defender nuestra soberanía. Tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Debemos hacer lo que debemos hacer para salvar a nuestro país”.
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