El Gobierno de Dina Boluarte prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región de La Libertad, por 60 días calendarios a partir del 7 de agosto de 2025. La medida responde al avance de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas a la seguridad. El Decreto Supremo 100-2025-PCM también prorroga el estado de emergencia en las provincias amazónicas de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, así como en los distritos Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena de la provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho.
Durante la vigencia de este régimen extraordinario, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, y aplican restricciones en derechos constitucionales para enfrentar acciones ilícitas. Una de las principales disposiciones consiste en la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz, desde las 22:00 hasta las 05:00 horas, limitando la circulación nocturna.
La normativa exceptúa de la inmovilización a personal de servicios esenciales, incluidos salud, energía, limpieza, combustibles, telecomunicaciones y actividades funerarias, así como a farmacias, boticas y personas que requieren atención médica urgente.
Medidas para la seguridad y control de la minería ilegal
El Gobierno dispuso restricciones en la circulación peatonal y vehicular particular durante la inmovilización, permitiendo solo desplazamientos en situaciones de emergencia médica o adquisición de medicamentos. “Durante la inmovilización social obligatoria se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención, y los desplazamientos con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos”, señala la norma.
La medida señala además que “se exceptúa de esta medida al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas”.
Estado de emergencia en la Amazonía y Ayacucho
En Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, el estado de emergencia continuará por 60 días desde el 6 de agosto de 2025. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno para enfrentar “el accionar de los grupos hostiles y otras amenazas conexas, con el apoyo de la Policía Nacional”.
La restricción o suspensión de derechos constitucionales abarca la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y las libertades y seguridad personales. “Durante la vigencia de la prórroga del estado de emergencia se aplica lo relativo a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales previstos por la Constitución Política del Perú”, especifica el Decreto Supremo.
La norma fue refrendada por la presidenta Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Eudardo Arana; el ministro del Interior, Carlos Malaver; el ministro de Defensa, Walter Astuillo; y el ministro de Justicia.
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