Roberto Chiabra León, congresista y miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley que busca modificar el proceso de visitas a internos bajo régimen cerrado en los establecimientos penitenciarios del país. La iniciativa tiene como objetivo principal reforzar las medidas de seguridad y reducir el ingreso de objetos prohibidos a estos recintos.
Qué plantea la propuesta legislativa
El proyecto modifica los artículos 37 y 39 del nuevo Código de Ejecución Penal, estableciendo que los internos en régimen cerrado solo podrán comunicarse con sus visitantes de manera indirecta, es decir, a través de locutorios. Según la propuesta, solo los reclusos que muestren buena conducta tendrán acceso eventual a visitas directas, reservadas para fechas especiales como cumpleaños, Navidad, Día del Padre o de la Madre, conforme lo disponga el reglamento.
En el caso de los internos en regímenes abierto y semiabierto, el derecho a contacto directo con visitantes seguirá vigente. Sin embargo, la norma busca diferenciar y delimitar el régimen cerrado debido al perfil de riesgo y reincidencia de sus internos.
Límites a la cantidad y frecuencia de visitas
El proyecto introduce límites estrictos sobre la cantidad y frecuencia de las visitas permitidas. Los internos del régimen cerrado ordinario podrán recibir un máximo de dos visitas semanales, mientras que aquellos bajo régimen cerrado especial solo tendrán permitido una visita por semana. Además, en ambos casos, los encuentros se restringirán a dos familiares en simultáneo, y estos deben ser hasta el tercer grado de consanguinidad o hasta el primer grado de afinidad.
La legislación vigente, establecida mediante el Decreto Legislativo 654, permite actualmente a los internos de régimen cerrado ordinario entre tres y cuatro visitas semanales, dependiendo de su clasificación (seguridad mínima, media o máxima). La nueva propuesta reduciría este número y ampliaría el uso de locutorios para las comunicaciones.
Fundamentación: seguridad ante el crimen organizado
El congresista Chiabra argumenta que esta iniciativa responde a la necesidad de enfrentar el creciente problema de inseguridad en el país, atribuido en parte a la acción de organizaciones criminales que operan desde los penales y al ingreso de objetos no permitidos en estos establecimientos. Según el legislador, el contacto directo entre reclusos y visitantes facilita el ingreso de sustancias y elementos prohibidos, situación que podría atenuarse con la obligatoriedad del uso de locutorios.
Chiabra sostiene que el derecho a la comunicación de los internos no es un derecho absoluto y puede ser objeto de limitaciones razonables cuando se trata de garantizar la seguridad nacional y el combate de la inseguridad ciudadana. Aclara que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el derecho internacional no consideran que el uso de locutorios contravenga los derechos fundamentales de los internos.
Oportunidad para la reforma penitenciaria
Para el impulso del proyecto, el parlamentario subraya que la reducción del contacto físico entre internos y visitantes contribuiría a mejorar la disciplina dentro de los centros penitenciarios y fortalecería la seguridad tanto al interior como al exterior de los penales. Además, podría influir positivamente en los procesos de rehabilitación de los reclusos, disminuyendo la posibilidad de acciones delictivas coordinadas desde los establecimientos penitenciarios.
La propuesta se encuentra en etapa de revisión congresal y podría entrar a agenda para su debate en las próximas semanas. Su aprobación modificaría el régimen de visitas en penales y establecería un precedente en la política de seguridad penitenciaria del país.
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