La presidenta Dina Boluarte terminará en una prisión luego de que acabe su mandato el 28 de julio de 2026 o sea vacada por el Congreso. Así lo considera más de la mitad del país, según la última encuesta de Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión (CPI) para RPP Noticias.
De acuerdo con el sondeo, el 50,7% de los encuestados cree que Boluarte “irá a la cárcel, va a ir presa o será encarcelada” luego de que termine su mandato presidencial.
En tanto, un 11,1% de la población considera que la jefa de Estado “será investigada o tendrá muchas investigaciones” tras dejar Palacio de Gobierno. Otro porcentaje importante de los entrevistados, un 10,5%, piensa que la mandataria “se va a fugar/pasará a la clandestinidad” ante las investigaciones en su contra.
El estudio de CPI también arroja que un 9,4% de los peruanos estima que Dina Boluarte terminará en el banquillo de los acusados. Este porcentaje de encuestados respondió que cree que la presidenta “va a ir a juicio/será juzgada/pasará por muchos juicios” tras salir del poder.
Por otro lado, solo 2,2% de peruanos opina que Boluarte pedirá asilo político a algún país, mientras que un diminuto 0,4% cree que “no le pasará nada”
Dina incapaz, según encuesta de CPI
A un año de concluir su mandato, Dina Boluarte enfrenta niveles mínimos de respaldo. El estudio de CPI preguntó a la ciudadanía cómo califica la capacidad de gestión de la presidenta: solo el 0,3% la consideró “muy capaz” y el 0,6% la calificó como “capaz”. En contraste, el 57,6% la definió como “muy incapaz” y el 36% como “incapaz”. Un 4,8% la ubicó en la categoría de “medianamente capaz”. Así, más del 98% de los encuestados duda o niega la capacidad de gobierno de Boluarte.
El rechazo no se distribuye de manera uniforme. Según los datos difundidos por RPP Noticias, la desaprobación resulta especialmente marcada entre las mujeres de 25 a 39 años. Además, la costa sur y la sierra del centro y sur del país concentran la mayor proporción de críticas, regiones que han mostrado históricamente descontento con la actual administración. El clima social, tras más de dos años y medio desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se caracteriza por la persistencia de la desconfianza y la falta de legitimidad.
La impopularidad de la presidenta no se limita al ámbito social. A mediados de julio, Ipsos Perú publicó una encuesta dirigida a gerentes generales de las principales empresas del país. En ese estudio, el 97% de los altos directivos desaprobó la gestión de Boluarte, extendiendo las críticas tanto a la Presidencia como al Congreso de la República. La percepción de crisis institucional se ha instalado también entre los principales actores económicos, quienes consideran que las actuales autoridades no generan un entorno de confianza ni condiciones propicias para la inversión y la estabilidad política.
La oficialización del aumento salarial ha sido interpretada como una medida inoportuna, dada la coyuntura política adversa y la situación económica que atraviesa buena parte de la población. El rechazo se ha manifestado en pronunciamientos desde el Congreso y agrupaciones de trabajadores estatales y privados, quienes consideran que el alza no responde a las prioridades del país.
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