Durante varios meses, las autoridades de Caltrain discutieron internamente la salida de sus trenes diésel más antiguos. En Estados Unidos, esos vehículos habían sido dados de baja por generar elevados niveles de ruido y emisiones contaminantes. Mientras en California se evaluaba desmantelarlos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mostró interés por adquirirlos. Actas oficiales, informes financieros y correos electrónicos publicados por Epicentro TV revelan que el proceso fue una venta valorizada en más de seis millones de dólares.
Los registros, obtenidos por el periodista Daniel Yovera, dan cuenta de reuniones sostenidas por el directorio de Caltrain desde noviembre de 2024, cuando se firmó el acuerdo con autoridades peruanas. A pesar de que el hecho fue presentado en Lima como una “donación”, documentos internos de la empresa californiana describen el procedimiento como una “venta”, mencionan reembolsos y enumeran beneficios económicos y logísticos para Caltrain. La controversia escaló hasta el Senado estatal, donde un congresista propuso impedir que otras agencias públicas repitan una operación similar.
Trenes ruidosos y contaminantes que iban al desguace
En marzo de 2024, usuarios de la red social Reddit compartieron imágenes de vagones retirados de circulación por Caltrain. Varios comentaristas lamentaron la salida de los trenes por motivos sentimentales, pero otros celebraron la medida, señalando que eran “demasiado ruidosos”. En ese contexto, empezó a circular un rumor sobre su posible traslado a un país sudamericano. Algunos usuarios mencionaron al Perú, aunque sin tomarlo en serio.
Poco después, uno de los internautas adjuntó enlaces que confirmaban la intención de la MML de adquirir la flota retirada. En paralelo, La Encerrona difundió una misiva firmada por el alcalde Rafael López Aliaga, enviada al presidente de Caltrain, en la que manifestaba el interés de la comuna por las unidades excedentes.
Las actas que confirman la venta a la MML
Las actas del 5 de diciembre de 2024 del directorio de Caltrain, publicadas por Epicentro TV, consignan que la flota de trenes diésel retirada sería enviada a la Municipalidad Metropolitana de Lima para continuar prestando servicio de pasajeros. El documento detalla que se trató de 90 vagones de dos niveles y 19 locomotoras, todas fuera de operación en California tras la modernización de su red.
En esa misma reunión, se indicó que el acuerdo había contado con el respaldo del Departamento de Estado y del Departamento de Comercio de Estados Unidos, además de autoridades ambientales locales. El informe mensual de la directora ejecutiva Michelle Bouchard señaló expresamente que la empresa recibió un reembolso por más de seis millones de dólares como parte del trato con Lima.
Reuniones posteriores y documentos financieros
En enero y febrero de 2025, tanto el Comité de Ciudadanos como el directorio de Caltrain volvieron a referirse a la operación con la MML. Varios miembros destacaron que la transferencia evitaría que los trenes fueran desguazados. Uno de ellos, Jeff Carter, señaló que le parecía positivo que el material pudiera continuar en uso, según relatan las actas difundidas por el medio mencionado.
El 3 de junio de ese año, la empresa recibió una carta del bufete Shaw Yoder Antwih Schmelzer & Lange alertando sobre un proyecto de ley impulsado por el senador Dave Cortese, que buscaba prohibir la exportación de trenes diésel retirados por motivos ambientales. La iniciativa fue reconocida como una respuesta directa a la venta de locomotoras al Perú.
Carta del alcalde y comunicaciones internas
Uno de los documentos clave, difundido por La Encerrona en noviembre de 2024, es la carta que Rafael López Aliaga firmó el 7 de julio de 2023. En ella, el alcalde de Lima informa al presidente de Caltrain que había designado a Juan de Dios Olaechea, director del Ferrocarril Central Andino (FCCA), como su representante para negociar la adquisición de los trenes retirados.
El correo que acompañó la carta fue enviado por Nate Asplund, vicepresidente ejecutivo de Railroad Development Corporation —firma matriz del FCCA—, a los directivos de Caltrain. En el mensaje, Asplund informa que Olaechea actuará en nombre del “gobierno de Lima” para formalizar la solicitud. Ambos, López Aliaga y Olaechea, tienen un vínculo empresarial desde los años noventa, cuando integraron el consorcio que obtuvo la concesión de varias líneas ferroviarias en el país.
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