
Por meses, el paradero de las tesis de maestría y doctorado de María Acuña Peralta, congresista y hermana de César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo (UCV), fue un misterio académico. La universidad sostuvo que ambos documentos se habían extraviado durante las fuertes lluvias del fenómeno de El Niño en 2017, dejando en el aire la evidencia que sustentó los grados de magíster y doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad obtenidos por la legisladora.
Lejos de resignarse a la versión oficial, el equipo de Punto Final emprendió una revisión minuciosa en la propia UCV y en repositorios de trabajos universitarios. Pese a la versión inicial, las tesis finalmente aparecieron entre archivos académicos de la universidad, descartando la supuesta “desintegración” por causas climáticas esgrimida por la casa de estudios.
El redescubrimiento de ambos trabajos derivó en una revisión técnica a través del software antiplagio Turnitin. El resultado fue contundente: la tesis de maestría de María Acuña reflejó un 81% de coincidencia con otra investigación similar de Yessica Arízaga Olaya, sustentada en 2014. El cotejo evidencia no solo la copia literal de párrafos, sino también la réplica del planteamiento de variables, la estructura del documento y hasta epígrafes y ejemplos exactos. César Higa (PUCP), consultado por el dominical, determinó que las definiciones reproducidas, el orden de las variables y los contenidos sustanciales son idénticos a los detectados en la tesis previa. A ello se suma que la referencia a los autores originales, presentes en el trabajo de Arízaga, no aparece en el contenido elaborado por Acuña.
El análisis con Turnitin no fue menos preocupante al revisar la tesis de doctorado. Ese trabajo arrojó un 56% de similitud con otra investigación de la Universidad César Vallejo sobre gestión pedagógica y desempeño laboral, permaneciendo esta última curiosamente embargada desde 2018, fuera de consulta pública, a pesar de que la regla académica es que cualquier tesis debería estar disponible a más tardar dos años después de su embargo.

La revisión de fragmentos de ambas tesis por parte de docentes y catedráticos peruanos coincide en la gravedad de las coincidencias. Para Higa, las coincidencias de tal magnitud no pueden explicarse sin atribuirlas al plagio. “Cuando quien hace una tesis posterior no explica por qué existen ideas, párrafos y estructuras idénticas a una tesis previa, estamos ante una falta muy seria: incurre en un problema de plagio”, señaló.
Agregó que el turnitin es un programa que revisa los niveles de coincidencia que puede haber entre las investigaciones entre la que yo presento y otra que haya sido realizada. “El hecho de que no se haya utilizado ese sistema para detectar no implica que el investigador no tenga que cumplir con las reglas de citado, el parafraseo, etc.”, explicó.
En medio de la controversia, María Acuña respondió que el uso de software antiplagio “no existía” al momento de la elaboración de sus tesis y restó importancia a las coincidencias. “Hace 17 años no había Turnitin. Imagino que por eso hay coincidencias”, afirmó. Agregó que, a la fecha, su tesis solo la solicitaron a la universidad, pero que “no tenía interés” personal en ese documento; mientras que la UCV, también consultada, evitó dar entrevistas y no precisó si evaluará el estado actual de los grados de María Acuña después de revelarse estos hallazgos.

De acusada de presunto plagio a invasora
Al presunto plagio se suma otra polémica. La congresista María Acuña también es acusada de ocupar de manera irregular 118 metros cuadrados de un parque público en el distrito limeño de Surco. Una inspección realizada por la comuna determinó que parte del inmueble, adquirido en junio de 2023 por la empresa Los Alizos EIRL, cuyo titular es la propia Acuña, invade el área del parque N.º 17 de la urbanización Los Álamos de Monterrico.
El caso salió a la luz tras un informe difundido por Cuarto Poder, donde se documentó la presencia de estructuras privadas, cercos y una puerta con el mensaje “Bienvenidos” instalados en el área pública ocupada. Durante la fiscalización municipal, la empresa Los Alizos EIRL fue sancionada bajo el código C-115, que castiga la construcción sobre áreas de uso público. El alcalde de Surco, Carlos Bruce, exigió la demolición de las estructuras ilegales y advirtió que, de no efectuarse la remoción voluntaria, la municipalidad procederá a realizar la demolición de oficio.
“El caso es contundente. Lo mejor es que la congresista voluntariamente retire el espacio invadido y demuela la construcción que se ha hecho ahí. De no ser el caso, la ley nos establece un procedimiento por el cual lo haríamos como municipio, que es el demoler. Hay un procedimiento. Cuando es un espacio público, calculo que en 45 días ya estaríamos demoliendo”, declaró en diálogo con Canal N.
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