El bloqueo de carreteras por parte de mineros informales encendió las alertas del Estado. Desde hace más de una semana, numerosos tramos de la carreteras en Arequipa, Ica, La Libertad y Cusco han sido obstruidos por manifestantes que exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la aprobación de la rechazada Ley MAPE.
Frente a estos hechos, el Ministerio de Justicia recordó que si bien el derecho a la protesta está protegido por la Constitución, este no ampara actos que afecten la propiedad pública o privada ni el libre tránsito. En caso de bloqueos violentos o daños a la infraestructura nacional, los responsables podrían enfrentar hasta 15 años de cárcel, según lo establecido en el Código Penal.
Viola los derechos fundamentales
En esa misma línea, el MINJUS advirtió que interrumpir el flujo vehicular vulnera derechos protegidos por la Constitución, como el derecho al libre tránsito (artículo 2, numeral 11), y pone en riesgo la salud, la seguridad y la economía de la ciudadanía.
Entre los efectos de estas protestas, se menciona la posible demora de ambulancias, la inasistencia de escolares a sus centros educativos y la paralización de actividades comerciales. Según el Ejecutivo, los principales perjudicados con estos bloqueos son personas ajenas al conflicto, lo que agrava la responsabilidad penal de los involucrados.
Colaboradores del bloqueo pueden ser procesados
El artículo 283 del Código Penal tipifica como delito el entorpecimiento de los servicios públicos, incluidos el transporte y las telecomunicaciones. Esta infracción puede ser castigada con hasta 6 años de prisión, y la pena puede aumentar a 10 años si existen agravantes, como el uso de violencia o amenazas.
Además, se han registrado daños en vías nacionales, lo que califica como un agravante más severo. Estas acciones no solo son punibles por su ejecución directa, sino también por su impacto colectivo.
El Ministerio de Justicia advirtió que no solo los autores materiales de los bloqueos pueden ser sancionados. Aquellos que colaboren o financien protestas radicales, ya sea aportando materiales, dinero o logística, también pueden ser procesados penalmente y enfrentar una pena de hasta 6 años de cárcel.
Extorsión y toma de rehenes: penas más severas
Otro delito contemplado es la extorsión mediante bloqueos, es decir, cuando se impide el paso con violencia o amenazas para obtener beneficios. Esta conducta puede ser sancionada con penas de entre 5 y 10 años de cárcel.
En situaciones extremas, como la toma de rehenes por parte de los protestantes durante una manifestación, la pena puede escalar hasta cadena perpetua, de acuerdo con el marco legal vigente.
Policía libera carreteras
La Policía Nacional del Perú (PNP) reabrió de forma pacífica, el tránsito vehicular en el kilómetro 447 de la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Nasca. La vía había sido bloqueada desde el pasado viernes 4 de julio por piquetes de mineros informales, lo que generó una extensa congestión de vehículos particulares, camiones y buses interprovinciales. Más de 1.500 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), de la Unidad de Servicios Especiales (USE) del Frente Policial Ica y de Seguridad del Estado participaron en el operativo.
La intervención policial se realizó en dos tramos bloqueados de la Panamericana Sur. Tras un rápido despliegue, los efectivos convencieron a los manifestantes de retirarse voluntariamente y evitar enfrentamientos. Los mineros informales levantaron sus colchones y objetos personales instalados en los sardineles y márgenes de la carretera, permitiendo así el restablecimiento del paso vehicular.
Después de 11 días, los efectivos de la PNP liberaron el kilómetro 619 de la Panamericana Sur, luego de enfrentarse a los manifestantes, quienes quemaban llantas para evitar que los viajeros se acercaran al tramo.
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