PJ rechaza segunda recusación de Betssy Chávez contra jueza y su abogado Raúl Noblecilla pierde los papeles

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema rechazó la segunda recusación que presentó la expremier Betssy Chávez contra la jueza suprema Norma Carbajal Chávez por presuntamente no ser imparcial.

En esta nueva recusación, la defensa de Chávez cuestionaba la dirección de la magistrada por supuestamente limitar la defensa de Raúl Noblecilla, quien incluso fue sancionado por el tribunal por irrespetar al fiscal Edward Casaverde.

Sin embargo, la Sala Suprema Penal Especial desestimó de plano la recusación. Primero, porque la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema recientemente estableció que no procede recusación durante el juicio oral porque ello implicaría una suspensión o interrupción del desarrollo.

Y, segundo, porque el mero uso de las facultades que otorga el Código Procesal Penal al juez para la dirección de la audiencia no implica una pérdida de imparcialidad. También se recordó que Noblecilla fue amonestado por usar reiteradamente calificativos contra el fiscal e incluso los propios magistrados, pese a que previamente se le advirtió.

Noblecilla pierde los papeles

Tras conocer la decisión, el abogado Raúl Noblecilla intervino e insistió en que se trata de un “juicio político”: “Aquí nadie quiere perder el tiempo como quiere señalar, jueza provisional. Aquí la libertad del presidente de la República...”, dijo cuando fue interrumpido por el presidente de la Sala Penal Especial, José Neyra Flores.

“Está repitiendo lo mismo”, cuestionó el magistrado. “Estoy repitiendo lo que la señorita jueza provisional ha dicho sobre mí”, respondió Noblecilla. “Entonces mejor no hablo, señor presidente, no voy a hablar. Que quede constancia, no voy a hablar. Ojalá que no muera Betssy Chávez y que el presidente de la República obtenga su libertad”, dijo evidentemente alterado.

“Con esa clase de alocuciones no se protege la integridad de la señorita (Betssy Chávez)”, contestó el juez.

Denuncia chantaje

En la audiencia del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, la ex primera ministra Betssy Chávez hizo graves denuncias sobre el funcionamiento del Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva por el delito de rebelión.

Durante su intervención, Chávez expuso un panorama de corrupción dentro del centro penitenciario, señalando que “es profundamente doloroso y humillante soportar a diario el chantaje sexual, los sobornos y el pago de coimas por celdas o economatos”. Apuntó directamente a la directora del penal, Nelly Aquino, a la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), Vilma Páucar Rojas, y a la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón, acusándolas de administrar el penal como su “patio personal”. Según la expremier, estas funcionarias permiten que internas con recursos económicos controlen el penal a cambio de favores y pagos, configurando lo que describió como una “organización criminal” dentro de la institución.

Chávez instó al Ministerio Público a investigar estos hechos por los delitos de organización criminal, cohecho y abuso de autoridad. Asimismo, exhortó al nuevo titular del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a reestructurar el Penal Anexo Mujeres, urgiéndolo a no ser “cómplice de esta red de corrupción”. La exjefa de gabinete denunció que las condiciones en el penal no solo perpetúan la criminalidad, sino que la agravan bajo la gestión de las autoridades señaladas.

Asimismo, Chávez expresó temor por su seguridad, responsabilizando a las mencionadas funcionarias de cualquier atentado contra su vida o integridad física. Relató un episodio de “trato hostil” ocurrido la noche anterior, que, según afirmó, pone en riesgo su vida. “No sé si la próxima semana estaré aquí, pero no quiero que se diga que fallecí por causas desconocidas”, advirtió, solicitando a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que impida su regreso al penal y ordene una evaluación médica inmediata. También pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía para garantizar su protección y abordar las irregularidades denunciadas.