Un informe de Human Rights Watch (HRW) difundido este martes alerta sobre la preocupante expansión del crimen organizado en Perú, fenómeno que ha contado con un ambiente propicio debido a las acciones del Congreso, donde más de la mitad de sus integrantes enfrenta investigaciones por corrupción y otros delitos.
De acuerdo con el documento, esta situación ha debilitado la capacidad del Estado para combatir eficazmente a los grupos criminales. El estudio revela que en 2024 Perú registró la cifra más alta de homicidios en al menos siete años, muchos vinculados a estas organizaciones.
Los sectores económicos estratégicos, como la minería de oro y el transporte, se encuentran bajo creciente influencia de dichas mafias. HRW sostiene que, lejos de fortalecer las instituciones, el Legislativo ha aprobado reformas que limitan la independencia y el accionar de fiscales y tribunales.
Entre las medidas criticadas, destaca la restricción del mecanismo de “colaboración eficiente”, fundamental para obtener pruebas y testimonios que permitan desmantelar redes criminales. Además, el Congreso modificó la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir varios delitos de corrupción, lo que “supone un duro golpe para los esfuerzos por investigar y sancionar estos crímenes”, señala HRW.
El informe también denuncia la aprobación de normas que facilitan la regularización de la deforestación ilegal, obstaculizando la acción judicial. La organización documenta, además, la destitución arbitraria de jueces y fiscales que lideraban investigaciones contra la corrupción, lo que ha minado la independencia judicial.
En este contexto, HRW afirma que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha permitido que el Congreso impulse leyes perjudiciales, mientras que su administración se ha limitado a declarar estados de excepción provinciales que no han logrado reducir la violencia.
“Los legisladores y la presidenta Boluarte deben revertir o reformar las leyes que erosionan la democracia, el Estado de derecho y la capacidad para combatir la corrupción y el crimen organizado”, señala el informe.
Asimismo, sugiere que los actores internacionales, especialmente en el marco del proceso de adhesión de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), colaboren para fortalecer las instituciones y garantizar la protección de los derechos humanos.
Finalmente, HRW enfatiza que “los peruanos merecen un Congreso y un Poder Ejecutivo que aseguren sus derechos y los protejan de la violencia generada por el crimen organizado”.
Recomendaciones
La organización exige al Congreso peruano modificar o derogar leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen organizado y debilitan la justicia, como las leyes 31751, 31990, 31973 y 32138, rechazar proyectos que otorgan poderes disciplinarios excesivos sobre jueces, fiscales y funcionarios electorales, y garantizar el respeto al debido proceso en los procedimientos contra funcionarios públicos.
Al gobierno de Boluarte, le reclama diseñar una política de seguridad que respete los derechos humanos y desmantele las redes criminales, asegurando recursos adecuados para la policía y la Fiscalía. Sugiere evitar la declaración prolongada de estados de excepción y fortalecer la cooperación internacional con países vecinos para enfrentar la delincuencia transnacional.
Por su parte, la Procuraduría General debe garantizar recursos suficientes a fiscales en zonas rurales para enfrentar el crimen organizado. Debe investigar a fondo los vínculos entre grupos criminales y funcionarios públicos, y respetar los derechos en materia de libertad de prensa.
Finalmente, HRW insta a los Comités de Gobernanza Pública y Política Ambiental de la OCDE a exigir al gobierno peruano que elimine obstáculos legales para investigaciones penales efectivas, garantice la separación de poderes, proteja el espacio cívico y refuerce las medidas de protección ambiental.
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