La presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, participó el martes 8 de julio en la inauguración de la 34° Escuela Bicentenario Institución Educativa “09 de Julio”, en la región Junín, en medio de un fuerte clima de tensión. Fuera del colegio, decenas de ciudadanos se concentraron en los cuatro puntos de acceso con megáfonos, pancartas y consignas contra la mandataria, a pesar del despliegue policial y las medidas de seguridad implementadas para limitar la cercanía al evento.
Las consignas de la protesta
Los manifestantes responsabilizaron a Boluarte por el uso de la fuerza estatal y las muertes de decenas de civiles ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. Además, cuestionaron sus cirugías estéticas y rechazaron el aumento de su remuneración a más de 35 mil soles mensuales. Las consignas, coreadas con megáfonos, apuntaban directamente contra la credibilidad del Ejecutivo. “Dina usurpadora, el pueblo te repudia”, fue una de las frases más repetidas durante la jornada. El operativo de seguridad incluyó la instalación de vallas para contener a la multitud y evitar ataques.
Primer contacto con la prensa tras 250 días
El entorno de creciente descontento coincide con el retorno de Boluarte a los medios de comunicación, luego de un prolongado silencio de más de 250 días. El domingo 6 de julio, la presidenta ofreció una conferencia de prensa, convocada para tratar temas de formalización minera, donde finalmente aceptó responder preguntas vinculadas a los recientes cuestionamientos públicos.
El aumento de sueldo, su aprobación más baja y las investigaciones fiscales abiertas en su contra centraron las interrogantes. El periodista Jorge Madico, de Panamericana, fue el primero en preguntar sobre la justificación del incremento salarial de la mandataria. “¿Realmente se merece el sueldo cuando los niveles de inseguridad han alcanzado cifras históricas? Se le han abierto siete investigaciones por el caso Cirugías, Rolex, las muertes en las protestas, la desactivación del Equipo Especial PNP. ¿Su desempeño justifica su aumento? ¿Usted se merece su sueldo?”, consultó.
Frente a la pregunta, Boluarte intentó evitar una respuesta directa, calificando el aumento como un trámite administrativo vinculado a la migración del Despacho Presidencial al régimen del servicio civil. “Nosotros como despacho presidencial, como ya dijimos, nadie está al margen de la ley, estamos cumpliendo con el programa Servir”, argumentó, aunque evadió confirmar si el alza estaba justificada en el actual contexto político y social.
Congresistas buscan anular el aumento
La incomodidad del Ejecutivo se ha reflejado en el ámbito legislativo. Varios congresistas han presentado proyectos de ley destinados a derogar el Decreto Supremo que autorizó el aumento del sueldo presidencial. Entre los impulsores se encuentran Reymundo Mercado, Silvana Robles, Elías Varas y Margot Palacios, respaldados por un grupo de 16 legisladores que manifiestan su rechazo a la medida, y reclaman su suspensión inmediata.
El exministro de Economía Luis Miguel Castilla consideró que el Congreso tiene la potestad de revertir el decreto vía una ley ordinaria, y sugirió que postergar el aumento hasta la próxima gestión habría evitado el agravamiento de la crisis política. Recordó que incluso después de la publicación del decreto, la comitiva presidencial fue víctima de ataques en Arequipa, evidenciando el malestar popular.
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