El abogado Luis Arce Córdova no corre la misma suerte que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y evita, de momento, la suspensión. El Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía para suspender al exmagistrado en su condición de fiscal supremo. Esto en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
En esta investigación se le imputa a Arce Córdova presuntamente haber hecho uso indebido de sus cargos como juez superior y fiscal supremo para enriquecerse ilícitamente por más de 2,3 millones de soles entre 2009 y 2019.
La Fiscalía advirtió que, en caso regrese como fiscal supremo tal como pretende, el exmagistrado implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto podría acceder a los sistemas informáticos reservados de la Fiscalía y acceder a información privilegiada sobre su propio caso. Incluso, alertaron que la propia investigación en su contra podría recaer en el despacho supremo al que sería designado, donde también podrá mover a fiscales.
Por su parte, Luis Arce Córdova sostuvo que la Fiscalía no tiene competencia para solicitar la suspensión porque el caso se encuentra actualmente en el Congreso, a la espera de que se tramite la denuncia constitucional. También sostuvo que, a la fecha, no ejerce el cargo de fiscal supremo, aunque sí busca volver.
Polémica decisión
En la resolución a la que accedió Infobae, el juez supremo Juan Carlos Checkley no accede al pedido de la Fiscalía. En principio, dice que, si bien existe una sentencia que anula la destitución de Arce Córdova y ordena su reposición, esta ha sido apelada "con lo cual el caso no concluyó“.
“Este Juzgado Supremo, en el caso del requerimiento en el mismo sentido formulado contra el fiscal supremo Gálvez Villegas consideró que no ejerce la función de fiscal supremo, por cuanto no tiene el título expedido por la Junta Nacional de Justicia”, se lee en la resolución.
Sobre el peligro de que Arce Córdova vuelva a delinquir, Checkley afirma que “los argumentos son subjetivos, no se aporta evidencia o indicio alguno que ello suceda”. En tanto, sobre las afirmaciones sobre su capacidad de influir en el personal fiscal o acceder a información sensible argumenta que “igualmente son conjeturas que no tienen soporte material o al menos indicios que ello pueda suceder”.
El Juzgado enfatizó que, dado que el caso se encuentra con una denuncia constitucional tramitándose en el Parlamento, “ya es competencia del Congreso de la República, conforme al texto constitucional determinar la responsabilidad o no del investigado Arce Córdova”.
¿Y Patricia Benavides?
Este último argumento del juez Checkley —sobre la competencia del Congreso— difiere completamente con el del juez Segismundo León. Este último, al evaluar el pedido de suspensión de Patricia Benavides, alegó que la demora del Parlamento en tramitar la denuncia constitucional podría hacer ineficiente el requerimiento fiscal.
Así las cosas, en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria existen dos posiciones respecto a si se puede dictar alguna medida restrictiva contra funcionarios aforados si es que ya se formuló la denuncia constitucional ante el Congreso.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá zanjar la discusión. Lo más probable es que lo haga al resolver la apelación de Patricia Benavides contra su suspensión de 24 meses.
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