La minería ilegal continúa desplazándose hacia nuevas zonas del país tras los recientes operativos en Pataz, región La Libertad. El gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, ha solicitado declarar en emergencia el distrito de Shunté, ubicado en la provincia de Tocache, ante el ingreso masivo de mineros ilegales que operan con maquinaria pesada, socavones y presencia armada.
Durante la II Cumbre Nacional del Medio Ambiente, realizada en Moyobamba, Grundel expuso que, tras los controles establecidos en Pataz por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, varios grupos ilegales se han trasladado hacia zonas de frontera amazónica en San Martín, donde han comenzado a establecer operaciones en áreas de conservación y recuperación del ecosistema.
En entrevista con RPP, el gobernador afirmó que ya se tiene evidencia del avance de estas actividades ilegales en su región. “Ya hay imágenes y datos que muestran socavones, maquinaria pesada, carreteras abiertas y hasta guardias armados protegiéndolos”, señaló. Agregó que estas zonas se encuentran totalmente desprotegidas, sin presencia policial, lo que ha convertido parte del territorio en una “tierra de nadie”.
Solicitan intervención del Gobierno ante ausencia del Estado
Frente a este escenario, Grundel sostuvo una reunión directa con la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la que expuso la necesidad urgente de declarar la alerta en la zona afectada. “Estamos esperando que se declare la emergencia para que puedan actuar tanto la Policía como el Ejército, porque es una zona bastante apartada donde no hay presencia policial, de nada”, expresó.
El gobernador alertó que esta situación no solo representa un grave daño ambiental, sino también una amenaza que puede incrementar las tensiones sociales y situaciones de riesgo para las comunidades de la localidad. La región había construido en las últimas décadas un modelo de desarrollo sostenible para reemplazar el cultivo de coca por productos como el cacao. “Es preocupante porque si no tomamos medidas inmediatas, se va a generar un descontrol y un problema social también”, indicó.
La preocupación radica en que Shunté, provincia de Tocache, se encuentra en una zona fronteriza con Pataz, lo que habría provocado que diversos grupos criminales se desplacen hacia San Martín.
La expansión de estas actividades ilícitas también está siendo observada en los ríos amazónicos, donde ya se reportan nuevas intervenciones. “El general Milton, de la Policía Nacional, nos ha informado que se han intervenido cinco dragas en el río Huallaga. Si no controlamos ahora, el río y sus afluentes van a tener minería ilegal incontrolable”, advirtió el gobernador.
Preocupación por seguridad en Tarapoto, Moyobamba y zonas rurales
Sobre el aumento de la actividad delictiva en Tarapoto, Moyobamba y otras localidades de la región, Grundel reconoció que esta problemática debe enfrentarse con el apoyo de los municipios. “Depende de las autoridades locales que acompañen y ayuden a hacer los patrullajes integrados con la Policía para tener más control”, aseveró.
Con recursos limitados, la región ha comenzado a reforzar su capacidad operativa. “Con los pocos presupuestos que tenemos, hemos comprado cinco camionetas para el recorrido en zonas afectadas tanto por minería ilegal como por deforestación”, señaló. No obstante, reiteró que esto no es suficiente frente al tamaño del territorio y la escala del problema.
ANGR respalda el pedido de emergencia en San Martín
Desde la cumbre ambiental en Moyobamba, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respaldó públicamente el pedido de Walter Grundel. Coincidieron en la urgencia de una acción coordinada del Gobierno Central para frenar el avance de la minería ilegal en la Amazonía, y exigieron mayor voluntad política desde todos los niveles del Estado.
Asimismo, se hizo un llamado a mejorar la gestión de los recursos públicos, fortalecer la gobernanza ambiental como eje transversal y avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la planificación integral y la sostenibilidad.
La situación en Shunté y el resto de Tocache es una alerta más del avance del crimen organizado en la Amazonía, pero también un recordatorio de que los logros construidos en desarrollo alternativo y conservación ambiental pueden desmoronarse rápidamente si el Estado no reacciona a tiempo.
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