Una barra de oro ilegal valorizada en USD 600 mil cruzaba el Callao sin levantar sospechas: así operan las mafias que lavan millones a plena luz del día

El Callao volvió a estar en la mira del Ministerio Público tras la recuperación de un lingote de oro de 12.45 kilogramos, que era trasladado en un vehículo de uso comercial por una empresa bajo investigación. La incautación se dio como parte de una investigación patrimonial que logró vincular el mineral con operaciones de lavado de activos procedentes de la minería ilegal. El valor de la barra supera los USD 600 mil, mientras que el automóvil donde se transportaba fue tasado en más de USD 26 mil.

El hallazgo no solo reveló el uso de rutas urbanas para mover bienes ilegales, sino también la participación de empresas activas en el circuito formal que serían utilizadas como fachada por organizaciones criminales. La sentencia obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima permite al Estado quedarse definitivamente con ambos bienes. La operación es parte de un esfuerzo mayor por debilitar las finanzas de redes dedicadas al tráfico de oro extraído de forma ilegal.

Así operan las mafias que lavan millones a plena luz del día

El operativo se remonta a julio de 2021, cuando personal de la Depincri del Callao, con apoyo de efectivos de la comisaría de Carmen de la Legua Reynoso, intervino un vehículo sospechoso. En la segunda fila de asientos, dentro de un costal de rafia blanco sellado con un precinto metálico, fue hallado el lingote. En ese momento, los dos ocupantes del automóvil fueron detenidos y el caso quedó bajo la jurisdicción de la fiscalía especializada en extinción de dominio.

La investigación, dirigida por el fiscal adjunto Wilfredo Kennedy Domínguez Romero, permitió establecer que el oro era producto directo de actividades ilegales de extracción minera. Asimismo, se demostró que el vehículo intervenido no era un simple medio de transporte, sino una herramienta integrada a la cadena logística de las mafias dedicadas al blanqueo de recursos obtenidos fuera del marco legal.

Empresas activas involucradas en la red de lavado

Dos compañías fueron incluidas en la indagación fiscal: Metales Monte Sinai S.A.C. e Ironclad Services E.I.R.L. Ambas figuran como activas en los registros de la Sunat. La primera reporta actividades relacionadas con la explotación de minas y canteras, mientras que la segunda se dedica formalmente al alquiler de vehículos. A pesar de su presencia legal en el sistema tributario, la Fiscalía logró vincularlas con el traslado del mineral ilícito.

Este patrón —el uso de empresas constituidas legalmente como pantalla para operaciones delictivas— ha sido documentado en diversos informes sobre crimen organizado. Las autoridades consideran que estos mecanismos permiten insertar activos ilegales en el circuito económico formal sin levantar alertas inmediatas. El fallo judicial representa una medida efectiva para desarticular las bases económicas de estas redes.

El Callao como punto estratégico en la ruta del oro ilegal

De acuerdo con el informe publicado por el Instituto de Criminología, el Callao se encuentra entre las regiones con mayor concentración de actividades asociadas al comercio ilegal, junto a zonas como Madre de Dios, Cusco, Puno y Ucayali. En la franja costera, estas acciones se vinculan principalmente con la movilización y exportación de bienes de origen ilícito.

El mismo documento señala que las cadenas del oro ilegal están compuestas por secuencias logísticas simultáneas, que abarcan desde la extracción hasta la exportación, y que movilizan recursos humanos y financieros en varias regiones del país. Este tipo de estructuras complejas se adaptan al entorno urbano y aprovechan la infraestructura formal —como empresas registradas y vehículos comerciales— para mover lingotes, sin despertar sospechas.

Un negocio millonario que financia redes criminales

El informe de criminología estima que la exportación de oro ilegal en el Perú genera ventas anuales que superan los US$ 4.600 millones, una cifra mayor a la del tráfico de cocaína. Esta actividad ilícita representaría el 2,7% del PBI nacional y estaría dando sustento a más de medio millón de personas, muchas de ellas vinculadas directamente a la fase extractiva. El documento advierte además que las economías ilegales podrían estar infiltrándose en procesos políticos y estructuras de poder.

En este escenario, el hallazgo de una sola barra de oro no es una excepción, sino una manifestación visible de una economía delictiva que se desplaza a través de canales formales, sin mayor resistencia institucional. Casos como el del Callao evidencian cómo el crimen organizado ha logrado trasladar sus operaciones a espacios urbanos, utilizando empresas fachada, vehículos corrientes y rutas cotidianas para seguir moviendo millones sin ser detectados a simple vista.