La Municipalidad de Los Olivos, a través del Comando Pantera, ejecutó un operativo que logró retirar a trabajadoras sexuales de las calles del jirón Salaverry y zonas aledañas, conocidas por la concentración de prostitución callejera en el distrito. La intervención incluyó patrullaje permanente con agentes femeninas y la coordinación estrecha con juntas vecinales, una respuesta a años de reclamos por parte de los residentes ante la situación que calificaban de insostenible.
Según testimonios, los vecinos enfrentaban cada día conflictos con trabajadoras sexuales apostadas en las puertas de sus viviendas. Muchos relatan que varias casas tenían entre tres y cuatro prostitutas, muchas extranjeras, y que la convivencia diaria estaba marcada por agresiones verbales y físicas cuando se les pedía que se retiraran de los ingresos a los domicilios. Una vecina del jirón Salaverry cuenta que miembros de su familia sufrieron ataques que requirieron la intervención policial y cobertura televisiva. Algunas trabajadoras y hombres asociados a su protección accedían a las viviendas sin consentimiento, lo que generaba temor entre los habitantes y un clima de constante inseguridad.
La zona especificada está situada cerca de la Panamericana Norte, lo que favorecía la llegada y salida de personas vinculadas a la prostitución. Además, la presencia de por lo menos 19 hostales en el área contribuía a consolidar la zona como uno de los principales puntos para la oferta de servicios sexuales en el distrito. Los vecinos apuntan que los establecimientos de hospedaje, junto con bodegas y mercados, formaban parte de un ecosistema que facilitaba estas actividades en la vía pública.
El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, estima que en el jirón Salaverry llegaron a concentrarse más de 200 trabajadoras sexuales, una cifra que, según la autoridad, supera incluso a la registrada en zonas tradicionalmente asociadas al proxenetismo en Lima, como el caso de Rizo en Lince. Castillo explica que el operativo de control territorial incluyó cinco fases: organización interna, colaboración con vecinos, acuerdos con hoteleros, patrullaje especializado y acciones legales contra la extorsión y el cobro de cupos.
Los resultados, según la municipalidad, permitieron que los residentes puedan transitar con mayor seguridad. No obstante, los propios vecinos advierten que si bien la prostitución callejera fue retirada, muchas personas continúan trabajando al interior de los hostales, desplazando el problema de la vía pública a espacios cerrados.
Trata de personas y explotación sexual
La explotación sexual en Los Olivos está relacionada a fenómenos más complejos como la trata de personas, especialmente entre mujeres extranjeras, quienes suelen estar bajo el control de redes criminales que operan en distintas zonas de Lima Metropolitana. Durante los últimos meses, reportes de la Policía Nacional del Perú identifican que estos grupos no solo promueven la prostitución, sino que también incluyen prácticas de extorsión, intimidación y cobro de cupos tanto a trabajadoras sexuales como a propietarios de hostales.
A nivel estadístico, la capital enfrenta un fenómeno de desplazamiento: si una municipalidad recupera espacios públicos, las mafias optan por trasladarse y reorganizarse en sectores contiguos. El propio alcalde reconoce que tras los operativos, las trabajadoras sexuales han comenzado a buscar nuevos puntos en otros distritos de Lima Norte, como Independencia, San Martín de Porres y Comas. Estos procesos dificultan la erradicación definitiva y revelan las limitaciones de las intervenciones locales cuando no están acompañadas de estrategias metropolitanas más amplias.
La presencia de trabajadoras sexuales extranjeras en los operativos recientes refuerza las alertas sobre el incremento de la trata de personas en el corredor Norte de Lima. Organizaciones y autoridades advierten que esta actividad mantiene vínculos directos con redes internacionales dedicadas al tráfico de personas, principalmente provenientes de países sudamericanos, y agrava el entorno de inseguridad, violencia y explotación en los barrios afectados.
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