Congresista Milagros Jáuregui celebra su polémica propuesta que obliga a niñas a ser madres y veta el aborto terapéutico

La congresista y pastora Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) celebró este miércoles la aprobación de su polémica propuesta contra la actualización del protocolo de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), sin considerar las consecuencias letales para la niñez y adolescencia.

“Hoy reafirmamos que ninguna entidad pública puede estar por encima de la Constitución ni del derecho fundamental a la vida. ¡Defender la vida desde la concepción no es opcional, es un mandato constitucional", señaló en su plataforma de X, antes Twitter, donde anunció que había logrado la derogación del documento.

La guía de práctica clínica y de procedimientos en obstetricia y perinatología contemplaba que el embarazo por violación en menores puede causar daño severo a la salud mental, lo que justifica legalmente la interrupción por indicación terapéutica, la cual es legal en el país desde 1924.

La propuesta de la legisladora logró su objetivo, pese a que la psiquiatra Marta Rondón, del INMP, afirmaba que el embarazo por violación constituye una forma de tortura con graves consecuencias para la salud mental, como ansiedad, depresión y riesgo de suicidio.

“El aborto terapéutico no es un crimen, es un derecho que debe ser defendido por razones éticas y médicas. En el Instituto debemos haber atendido más de 20 casos en menores que vienen embarazadas producto de violación. Es importante que se entienda que estos son casos excepcionales, en los cuales se demuestra que hay daños severos a la salud mental”, señaló a Infobae Perú en un informe difundido en abril pasado.

Rossina Guerrero, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), indicó que el protocolo actual deberá continuar atendiendo a las niñas, aunque “lo lamentable es que se pierde el enfoque de niñez”.

Susana Chávez, experta en políticas públicas en salud, derechos humanos y género, subrayó que este “‘triunfo’ se logró con acoso sistemático, insultos y una campaña de odio contra los médicos que cumplen su trabajo y quienes defienden los derechos de las niñas y mujeres”.

“Si tuviéramos un Ministerio de Salud que defendiera sus propias políticas públicas y obligaciones constitucionales, otro sería el cantar. Pero sus autoridades fueron los primeros en traicionar sus obligaciones. Negociar con la salud y los derechos de las niñas obligadas a ser madres no es un logro, es una vergüenza que debería ser penada. Lo que se ha negociado aquí es la dignidad y la vida de las niñas más vulnerables”, afirmó.

El INMP fue blanco de una campaña de acoso político liderada por Jáuregui y el ala más conservadora del Congreso, que buscaba anular la guía. Se establecieron mesas de trabajo destinadas a cuestionar la constitucionalidad del documento, se enviaron oficios y solicitudes formales para pedir su derogación y, en marzo de 2025, el colectivo Padres Peruanos presentó una petición pública para eliminarlo y detener los procedimientos de aborto legal en el INMP.

Para Promsex, rechazar este protocolo implica negar atención médica a niñas y adolescentes víctimas de violación, desconocer fallos internacionales contra Perú (único país de Latinoamérica sancionado tres veces por negar aborto a menores en riesgo mortal) y promover la maternidad forzada.

Panorama de horror

El médico Enrique Guevara, de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, advirtió que cada año hasta 1.500 adolescentes menores de 14 años dan a luz en el país. “Esas son las que sabemos. ¿Cuántas más estarán dando a luz o muriendo en el intento? Hay que tener en cuenta, además, que se producen unas 7.000 violaciones en menores de edad. De ellas, ¿cuántas han salido embarazadas? ¿Cuántas murieron? ¿Cuántas se suicidaron al quedar embarazadas? Esas cifras no existen, y eso es lo que se debe investigar. Eso es más importante que poner trabas o barreras a un protocolo que defiende la salud de las niñas y mujeres”, dice.

Solo entre enero y febrero de este año, se registraron 1.179 casos de violación sexual a menores, según los Centros de Emergencia Mujer. En ese mismo periodo, 139 niñas de entre 11 y 14 años se convirtieron en madres, de acuerdo con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud. Lima lideró las cifras con 23 casos, seguida por Loreto con 15, Ucayali con 14, Piura con 11 y La Libertad con 10.

“Son niñas pobres, sin educación, que viven en zonas más alejadas o rurales. Son las más vulnerables de toda la población. Eso no le pasa a una niña con recursos. Esto es una discriminación mayúscula y, lamentablemente, pasa desapercibida; nadie quiere decirlo", subrayó el médico.