Denuncian contratación prohibida en el Congreso: madre cedió su puesto a su hija, ambas militantes de APP

Alexandra Tafur Salazar, una joven odontóloga de 24 años, fue contratada en noviembre de 2024 para el Área de Desarrollo y Bienestar Personal del Parlamento, un cargo que previamente había sido ocupado por su madre, Cecilia Salazar, actual asesora principal de la congresista Rosío Torres. Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, ambas militan en Alianza para el Progreso (APP), partido de César Acuña.

De acuerdo con la legislación vigente, está expresamente prohibido que familiares directos trabajen en la misma institución pública. El especialista en contrataciones estatales, Marco Montoya, señaló al dominical que “una odontóloga de profesión no cumple el perfil para ser contratada en un área administrativa del Congreso”. Calificó el caso como “completamente irregular” y añadió que se debería investigar a fondo.

La contratación fue aprobada por la Oficina de Recursos Humanos cuando era dirigida por Heidy Figueroa, también integrante de APP, lo que ha levantado sospechas sobre un posible direccionamiento partidario en la asignación de cargos dentro del Congreso.

Salazar y la legisladora que asesora están bajo investigación de la Fiscalía por presuntos recortes salariales a trabajadores del Parlamento. Según un extrabajador, la trabajadora parlamentaria recolectaba parte de los sueldos de los empleados y realizaba transferencias al sobrino de Torres, Juan Daniel Pérez Guerra, por montos que llegaban hasta los 3,462 soles mensuales.

“Nos conocemos hace muchísimos años, somos amigas”, reconoció la congresista, incursa en una pesquisa por cargos de concusión y peculado, al ser consultada por su relación con Salazar. No obstante, evitó responder sobre el motivo de las transferencias. “Tendrías que preguntarle a ella”, señaló de manera escueta.

El dominical recogió el testimonio de un extrabajador que señaló que el silencio de la asesora ante estas prácticas habría sido compensado con una recontratación y un ascenso dentro del despacho congresal. “Es un tema de cambio de favores, salen ganando las dos. A más cupos, más recorte de sueldo. Yo con mi trabajo seguro y la otra recortando el sueldo, las dos partes ganan ahí”, dijo.

“Además de ser amigas, su asesora era su cómplice. La congresista le dio la orden de recortar dinero de cada trabajador del despacho y, aparte de su remuneración mensual, hacía el depósito a su sobrino”, agregó.

Tafur se negó a declarar, mientras que su madre no pudo ser localizada para emitir descargos. La congresista, por su parte, acusó a Cuarto Poder de acosarla y de recibir financiamiento de sectores políticos rivales. El dominical la captó realizando una videollamada con su esposo, evidentemente molesta.

En febrero pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional contra Torres por el caso conocido como ‘mochasueldos’, aunque el Ministerio Público continúa con la investigación penal. La pesquisa sostiene que entre 2021 y 2023 varios trabajadores transfirieron montos que iban desde 1.000 hasta 10.000 soles a cuentas vinculadas a Pérez Guerra.

Durante la sesión legislativa, la presidenta de la subcomisión, María Acuña (APP), explicó que la imputación fiscal no presentaba pruebas suficientes para continuar con el proceso. “La mera sospecha no basta”, señalaba el documento aprobado.

El reportaje que dio origen al caso reveló que Torres habría solicitado aportes económicos a su personal, los cuales habrían sido depositados en cuentas manejadas por su sobrino. En 2024, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario de ambos, a fin de rastrear los movimientos financieros y confirmar si existió un esquema irregular.

La Fiscalía también señala que la parlamentaria, mientras presidía la misma Subcomisión entre 2021 y 2022, habría pedido estos aportes. Actualmente, se analizan peritajes bancarios y testimonios de los trabajadores involucrados.

El caso de Torres se suma a otras denuncias similares dentro del Congreso. En 2024, solo una congresista —María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular)— fue sancionada por prácticas similares. Los demás casos, como los de Jorge Flores, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Raúl Doroteo (vinculados al caso ‘Los Niños’), siguen sin resolución legislativa.