El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en los distritos de Pangoa y Río Tambo, en la provincia de Satipo, región Junín, por un período de 60 días calendario, ante la identificación de actividades delictivas vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo 082-2025-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y entró en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el boletín de Normas Legales.
Control del orden interno a cargo de la PNP y Fuerzas Armadas
Durante el tiempo que dure la emergencia, el control del orden interno será asumido por la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo operativo de las Fuerzas Armadas, según se detalla en el dispositivo legal.
La medida restringe derechos constitucionales específicos, tal como lo permite el artículo 137 de la Constitución. En concreto, se contempla la limitación temporal de las libertades de tránsito, reunión, inviolabilidad de domicilio y seguridad personal.
El decreto establece que la intervención de ambas instituciones se regirá por lo estipulado en los marcos normativos sobre el uso de la fuerza por parte de la PNP y las Fuerzas Armadas, así como por los protocolos establecidos para situaciones que involucren a personas en situación de vulnerabilidad.
Aunque el estado de emergencia rige para la totalidad de los distritos de Pangoa y Río Tambo, el Ejecutivo estableció tres excepciones territoriales que no se verán afectadas por esta medida:
- El centro poblado Puerto Ocopa, en el distrito de Río Tambo.
- El centro poblado Quiteni, también en Río Tambo.
- La franja territorial del “Corredor Operacional Fluvial – Terrestre del Ene”, que incluye ambas márgenes del río Ene.
Estas zonas quedan expresamente excluidas de las restricciones y operativos que puedan ejecutarse en el marco del estado de emergencia, según el mismo Decreto Supremo.
Crimen organizado vinculado al narcotráfico
La declaratoria de emergencia se basa en informes de inteligencia que identifican la presencia de bandas y organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas en estos dos distritos del Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), zona históricamente vinculada al narcotráfico.
Estas actividades delictivas, según se señala en el sustento legal, afectan directamente el orden interno y la seguridad de la población, por lo que se justifica una intervención temporal extraordinaria del Estado.
Tanto la PNP como las Fuerzas Armadas deberán ceñirse a normas específicas durante la ejecución de esta medida. Entre ellas figuran:
- El Decreto Legislativo sobre el uso de la fuerza por parte de la PNP.
- El Título II del Decreto Legislativo que establece reglas para el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su reglamento.
- El “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado en 2023 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Estos marcos buscan garantizar que las acciones de seguridad se desarrollen dentro del respeto a los derechos humanos, incluso en situaciones excepcionales como la presente.
Medida se suma a otras declaratorias recientes
Esta declaratoria se suma a otras medidas similares que el Gobierno ha adoptado en las últimas semanas en diversas regiones del país. En particular, varios distritos de Lima Metropolitana, Callao, Huánuco y Loreto también se encuentran bajo estado de emergencia, en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada.
La medida en Satipo refuerza la presencia del Estado en zonas con antecedentes de violencia vinculada al narcotráfico, como parte de una estrategia nacional de seguridad interna que abarca tanto zonas urbanas como rurales del país.
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