La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Lima Centro logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra Hialmar Enrique Laynes, investigado por el presunto delito de extorsión en agravio de varias mujeres periodistas. La medida fue adoptada por el Poder Judicial este viernes 6 de junio de 2025, en respuesta a los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.
Según las investigaciones, Laynes habría utilizado redes sociales para acosar y extorsionar sexualmente a comunicadoras de distintos medios televisivos. La Fiscalía sostiene que el imputado creó espacios virtuales donde agregaba a sus víctimas sin consentimiento, con el objetivo de presionarlas psicológicamente para obtener encuentros sexuales.
El caso, que se viene investigando desde el año pasado, ha revelado un patrón de comportamiento reiterado. De acuerdo con la tesis fiscal, Laynes empleaba cuentas falsas o identidades manipuladas para agregar a periodistas en chats grupales de aplicaciones como WhatsApp y Telegram. Una vez dentro, enviaba mensajes con contenido sexual explícito acompañados de amenazas.
El análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados, así como los testimonios de las agraviadas, permitieron establecer el vínculo entre el imputado y los hechos denunciados. Estas evidencias fueron determinantes para que el Poder Judicial aceptara la solicitud de prisión preventiva por riesgo de fuga y posible obstaculización del proceso.
Pronunciamiento de las víctimas en 2024
Uno de los momentos que marcó este caso ocurrió en agosto de 2024, cuando cuatro periodistas -Ximena Carrasco, Manuela Camacho, Trilce Reyes y María Fernanda Montenegro- emitieron un pronunciamiento público tras varias semanas sin resultados concretos por parte de las autoridades.
Las comunicadoras denunciaron que, pese a la existencia de una orden de captura vigente, Hialmar Laynes continuaba no habido. Además, expresaron su rechazo frente a lo que calificaron como una reacción tardía y condicionada por la presión mediática, más que por un compromiso institucional firme ante los hechos denunciados.
Las víctimas también recordaron que, el 16 de agosto de 2024, el Poder Judicial revocó una condena suspendida contra Laynes, convirtiéndola en una pena efectiva por el incumplimiento de reglas de conducta. No obstante, horas después de dicha resolución, el investigado habría reincidido en sus prácticas de acoso sexual a través de plataformas digitales.
El Ministerio Público recopiló testimonios, pruebas electrónicas, actas de allanamiento y pericias tecnológicas que sustentan la hipótesis de que Hialmar Laynes habría actuado de forma sistemática. La extorsión sexual a través de medios digitales fue calificada como un delito de naturaleza compleja, que requiere medidas cautelares para proteger a las denunciantes y garantizar la continuidad de las diligencias.
La Fiscalía señaló que la prisión preventiva dictada contra Laynes no solo busca asegurar su presencia durante el proceso, sino también enviar un mensaje institucional sobre la gravedad de los delitos relacionados con violencia de género y libertad de expresión, especialmente cuando las víctimas son periodistas.
Situación actual del investigado
A pesar de la orden judicial, Hialmar Laynes continúa prófugo. Las autoridades aún no han confirmado su ubicación ni si se han realizado nuevas diligencias para concretar su captura. El Ministerio Público no ha brindado detalles adicionales, pero ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos humanos en el contexto de esta investigación.
La resolución que dispone la prisión preventiva será ejecutada en cuanto el investigado sea ubicado. Mientras tanto, el caso sigue generando preocupación entre organizaciones de prensa y colectivos que exigen acciones firmes frente a la violencia digital y la impunidad.
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