Dictamen exprés: Comisión de Constitución vota mañana proyecto para que congresistas puedan violar la neutralidad electoral

De forma exprés, la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, debatirá y votará mañana martes 3 de junio el dictamen para que a los congresistas no les alcance el deber de mantener la imparcialidad y neutralidad a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado.

El proyecto fue presentado por el también fujimorista Arturo Alegría el 23 de mayo, ese mismo día se derivó a la Comisión de Constitución, que en 10 días ya lo dictaminó favorablemente y sin esperar que expertos envíen sus opiniones sobre la iniciativa. Es más, el martes 27 de mayo recién se enviaron los oficios solicitando su opinión al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; y a los expertos en derecho electoral José Villalobos, José Alfaro y Virgilio Hurtado.

El predictamen, al que accedió Infobae, plantea que se incluya el siguiente párrafo al artículo 25 del Reglamento del Congreso: “Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad”.

Cuestionables argumentos

Con esta modificación, los congresistas tendrán carta libre para usar la semana de representación, que es financiada en su totalidad por el Congreso, para hacer campaña política de cara a las Elecciones 2026, sobre todo aquellos que buscarán ser reelegidos para el Senado o la Cámara de Diputados.

“A diferencia de los funcionarios y servidores públicos del aparato estatal, quienes deben mantener neutralidad política durante los procesos electorales, los congresistas ejercen una función política por naturaleza. Por ende, la exigencia de neutralidad no les es aplicable en los mismos términos”, se lee en el predictamen.

Así, los parlamentarios también tendrían ventaja sobre otros servidores públicos porque, mientras algunos funcionarios tienen que renunciar o solicitar licencia para hacer campaña política, los congresistas no estarían en necesidad de hacerlo. Así lo deja en claro el siguiente párrafo del texto elaborador por la Comisión de Constitución:

“La función representativa implica la posibilidad de expresar opiniones políticas, criticar o respaldar a autoridades y programas de gobierno, incluso durante periodos electorales. Esta prerrogativa se fundamenta en la libertad de expresión y en el mandato representativo otorgado por el electorado”.

Finalmente, el texto sostiene que aplicación “expansiva o excesivamente rígida” del principio de neutralidad política a los congresistas “puede generar una restricción ilegítima” al derecho de libertad de expresión “más aún cuando esta libertad cumple un rol fundamental en el régimen democrático representativo”.

Incluso se alega que “silenciar” estas expresiones “bajo el pretexto de neutralidad” sería desnaturalizar “la esencia deliberativa parlamentaria e imponer una censura incompatible con el pluralismo democrático”.

¿Beneficios para la ciudadanía?

Aunque este proyecto únicamente beneficia a los congresistas en el cargo y a quienes buscarán la reelección en las Elecciones Generales 2026, la Comisión de Constitución arguye que también favorece a la ciudadanía.

“Mejora el relacionamiento político de la ciudadanía con sus representantes a través del sinceramiento del discurso político”, es el supuesto beneficio que obtendría la población de concretarse esta reforma.

El predictamen también consigna el aparente beneficio que ganarían los partidos políticos con el hecho de que los congresistas no tengan que respetar la neutralidad política: “Incrementa el alcance de las organizaciones políticas al interior como fuera del parlamento, pues permite a éstas contar con voceros políticos plenos que transmitan abiertamente sus posiciones y programas políticos”.

Trámite

El predictamen será debatido este martes 3 de junio. De ser aprobado por la Comisión de Constitución, pasará al pleno del Congreso. Al tratarse de una reforma al Reglamento del Parlamento, esta no pasa por las manos de la presidenta Dina Boluarte para una eventual observación.