La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 014-2025-RE, publicado el 28 de mayo de 2025 en el diario oficial El Peruano, y responde a una actualización impulsada por la Cancillería peruana con el objetivo de optimizar la atención y el funcionamiento de las oficinas consulares en el exterior.
La sede en El Alto, creada en 2004, cesó funciones de manera anticipada el 28 de febrero de 2023, según lo comunicó la Embajada del Perú en Bolivia a través de una nota diplomática enviada en enero de ese año. El cierre fue autorizado por el Gobierno boliviano, que aceptó la transferencia de jurisdicción al Consulado General del Perú en La Paz.
Con esta reorganización, la nueva distribución consular queda establecida de la siguiente manera: el Consulado en La Paz atenderá los departamentos de La Paz, Pando y Oruro; el de Cochabamba abarcará Cochabamba, Potosí y Tarija; Santa Cruz tendrá competencia sobre los departamentos de Santa Cruz y Beni; y la oficina consular en Sucre mantendrá su jurisdicción exclusiva sobre Chuquisaca.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú explicó que esta reconfiguración busca mejorar la eficiencia operativa y brindar una atención más cercana a las comunidades peruanas residentes en Bolivia.
La decisión se sustenta en lo dispuesto por el Reglamento Consular del Perú y ha implicado la derogación parcial o total de diversas normativas previas que definían la estructura anterior.
El cierre de la oficina en El Alto también forma parte de una estrategia del Estado peruano para fortalecer su presencia consular en regiones con mayor concentración de ciudadanos peruanos y fomentar una gestión más integrada y eficaz de los servicios exteriores.
Si bien la medida responde a una planificación institucional liderada por la Cancillería, su implementación coincide con la crisis política y social que actualmente atraviesa el país del sur.
Crisis en Bolivia complica situación en la frontera
La crisis social y política que atraviesa Bolivia ha generado una creciente tensión para los ciudadanos peruanos residentes en ese país, especialmente en zonas fronterizas como El Alto y Desaguadero. En marzo, El Alto fue escenario de una jornada particularmente crítica, marcada por bloqueos y paralizaciones encabezadas por transportistas y miembros de la organización indígena Ponchos Rojos, en respuesta a la aguda escasez de combustible que afecta al país desde hace semanas.
Las protestas se extendieron hasta La Paz, donde los Ponchos Rojos —una influyente organización del altiplano— cercaron la Plaza Murillo, sede del poder político boliviano, con el objetivo de entregar un pliego de reclamos al Gobierno de Luis Arce. Entre sus demandas figuran la implementación de una política de austeridad, la reducción de salarios públicos, la destitución de ministros y el restablecimiento del suministro de diésel y gasolina.
Los manifestantes dieron un plazo de 72 horas al Ejecutivo para responder, advirtiendo que, de no ser atendidos, exigirían la renuncia del presidente. Este escenario ha elevado el nivel de conflictividad social y amenaza con una escalada de las movilizaciones.
La tensión también se refleja en la frontera con Perú. En Desaguadero, comerciantes bolivianos han dejado de aceptar su propia moneda y exigen el pago en soles peruanos, ante el desplome del valor de la divisa local. La diferencia de tipo de cambio es significativa: 1 sol peruano equivale a aproximadamente 4 bolivianos, lo que ha generado distorsiones en el comercio local y dificultades para los ciudadanos bolivianos.
Pese a rumores sobre un posible éxodo desde Bolivia, la realidad es que, actualmente, resulta más sencillo para los peruanos ingresar al país altiplánico que para los ciudadanos bolivianos emigrar hacia el Perú, debido a las restricciones económicas y la devaluación de su moneda.
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