El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Supraprovincial para Casos de Corrupción de Funcionarios sentenció a seis años de pena privativa de la libertad a Alfredo Zegarra Tejada, exalcalde provincial de Arequipa, tras hallarlo responsable del delito de colusión agravada en un proceso que compromete fondos públicos y consultorías internacionales.
La decisión judicial incluye también la inhabilitación por seis años para ejercer cargos o funciones públicas, lo que impide que el exburgomaestre retorne a la administración pública durante ese periodo.
Contratación concertada con consorcio extranjero
La condena se relaciona con la adjudicación irregular del servicio de consultoría para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de la provincia de Arequipa, dos documentos clave en la planificación urbana de la ciudad.
Según el fallo emitido por el juez José Málaga Pérez, Zegarra concertó previamente con representantes del consorcio español GR Arquitectos para favorecerlos en la licitación del servicio titulado “Elaboración del Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales para el Ordenamiento Territorial en la Provincia de Arequipa”.
El representante del consorcio, el ciudadano español Juan Carlos García de los Reyes, mantuvo diversas comunicaciones con Zegarra, en las cuales se habría establecido un acuerdo previo al proceso de selección, configurando así el delito de colusión.
Más implicados: tres exfuncionarios y un ciudadano español
El fallo en primera instancia también incluye a otros exfuncionarios municipales que participaron en el proceso irregular. Fueron sentenciados como autores del delito de colusión agravada: Carlos Alberto Perea Barreda, Luis Alberto Begazo Burga, Raúl Gallegos Velgara. Además, Juan Carlos García de los Reyes, representante del consorcio GR Arquitectos, fue condenado como cómplice del delito.
Al igual que Zegarra, los tres exfuncionarios quedaron inhabilitados por seis años para ejercer cualquier cargo o función pública, conforme al mandato judicial.
Reparación civil por más de S/ 884 mil
El juez Málaga estableció una reparación civil de S/ 884,029, la cual deberá ser pagada de forma solidaria por los sentenciados. Esta cifra busca resarcir los daños ocasionados al erario municipal producto de la adjudicación fraudulenta.
El monto se fijó considerando el perjuicio económico estimado a partir del contrato celebrado entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y el consorcio español, y deberá ser abonado al Estado peruano como parte de las obligaciones civiles derivadas del fallo penal.
Aunque el fallo representa un hito importante en la lucha contra la corrupción en gobiernos locales, la sentencia aún no está consentida ni ejecutoriada. Las partes tienen la posibilidad de interponer recursos de apelación, lo que podría modificar la resolución en una instancia superior.
Historial de Zegarra en juzgados
El historial judicial de Zegarra incluye otro caso relevante. A principios de enero, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa anuló una sentencia previa de cinco años de prisión en su contra por el delito de cohecho pasivo propio relacionado con el tráfico de terrenos en la asociación Jardines de Chachani, ubicada en el distrito de Cerro Colorado. Según detalló la prensa, los jueces argumentaron que las pruebas presentadas en su contra eran insuficientes, por lo que ordenaron un nuevo juicio.
En este mismo caso, otras figuras vinculadas enfrentaron condenas significativas. Pepe Merma Valencia, dirigente de la asociación Jardines de Chachani, fue sentenciado a 16 años de prisión por los delitos de estelionato y asociación ilícita para delinquir, afectando a 29 personas y al Gobierno Regional de Arequipa. Asimismo, Gabriela Córdova recibió una pena de cuatro años y cuatro meses de cárcel por falsedad ideológica.
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