Congreso restringe el uso de celulares en los colegios de todo el país: ley aplica para instituciones públicas y privadas

El Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 5532, que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en todas las instituciones y programas educativos de la educación básica. Esta medida, votada en el Pleno, busca establecer un marco legal para restringir el uso de estos aparatos en los niveles de primaria y secundaria, tanto en colegios públicos como privados.

La propuesta establece que el uso de celulares estará restringido durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, salvo que los dispositivos sean empleados con fines pedagógicos expresamente autorizados por la institución educativa. Además, se prevén excepciones para estudiantes con condiciones de salud que requieran el uso de dispositivos electrónicos como parte de su atención.

El texto aprobado con más de 80 votos a favor también resalta que los directores de las instituciones deberán implementar protocolos específicos para garantizar el cumplimiento de la norma, así como aplicar medidas correctivas bajo criterios de gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad. Con ello, se busca que la aplicación de esta ley no sea punitiva, sino adaptativa a las realidades de cada escuela.

Cabe precisar que la normativa tiene como propósito mejorar la atención en clase, reducir el uso excesivo de internet, evitar riesgos relacionados con la exposición digital constante y fomentar entornos de socialización más saludables. Además, pretende contribuir a prevenir el ciberacoso o “ciberbullying”, un fenómeno que ha tomado fuerza en entornos escolares en los últimos años.

Según la autora del proyecto, Milagros Jáuregui (Renovación Popular), esta ley “es importante, que ahora está en más de 20 países para poder ayudar a los jóvenes a tener una buena formación académica. Hoy entran al colegio con el celular y se distraen, no atienden las clases; además, están vulnerables a cualquier ciberataque. Si no está el celular, ellos van a poder concentrarse y su nivel académico va a levantarse”.

Protocolos

El proyecto también establece que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deberán implementar campañas de concientización sobre el uso excesivo de celulares en el entorno escolar. Estas campañas estarán orientadas a estudiantes, docentes y padres de familia, y tendrán como eje la prevención de impactos negativos en la salud mental y el desempeño académico.

Asimismo, la ley indica que todas las instituciones educativas del país, sin distinción de su condición pública o privada, deberán colocar avisos visibles en los ingresos a los locales escolares. Estos carteles deberán señalar que el uso de teléfonos celulares por parte de los escolares está restringido durante el horario de clases, salvo autorización expresa de la institución.

El uso de celulares en el aula se ha convertido en un tema de debate a nivel global. Mientras algunos defienden su uso como herramientas pedagógicas, otros señalan que su presencia constante genera distracciones, afecta la concentración y dificulta los procesos de aprendizaje. En ese contexto, la aprobación de esta norma coloca al Perú dentro del grupo de países que optan por regular formalmente este aspecto de la vida escolar.

Deberá ser promulgada

Aunque la medida ya fue aprobada por el Congreso, aún queda pendiente su promulgación oficial por parte del Poder Ejecutivo. Una vez promulgada, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tendrán un plazo de 60 días para emitir el reglamento correspondiente, donde se detallarán las disposiciones para su implementación efectiva en las aulas.

La discusión sobre el uso de celulares en los colegios no es nueva. Algunos especialistas consideran que estos dispositivos pueden ser aliados del aprendizaje si se usan con fines pedagógicos. Otros, en cambio, señalan que su presencia, sin una regulación adecuada, interfiere en la dinámica educativa y debilita los vínculos interpersonales entre estudiantes.

La norma también deja abierta la posibilidad de que cada institución educativa determine de manera autónoma los casos excepcionales en los que el uso de celulares sea necesario. Por ejemplo, en actividades académicas como proyectos de investigación, prácticas digitales o aplicaciones educativas guiadas por docentes.