Dina Boluarte denunciará a la fiscal Delia Espinoza ante el Congreso y la JNJ por denunciarla cinco veces en solo dos días

La presidenta Dina Boluarte anunció acciones legales ante la ráfaga de denuncias interpuestas en su contra en la última semana. Juan Carlos Portugal, defensa legal de la jefa de Estado, anticipó un contragolpe a través de la presentación de denuncias contra la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia.

A través de una conferencia de prensa, aclaró que esta decisión surge tras las cinco denuncias constitucionales que la Fiscalía interpuso contra su patrocinada en solo dos días, mientras se encontraba de viaje en el Vaticano a fin de asistir a la misa de entronización del papa León XIV. Para el abogado, dicho accionar evidencia una actitud “desafiante e irresponsable”.

Agregó que pese a ser difundidas a través de sus cuentas oficiales, hasta el momento no les han informado el contenido completo o sustento detrás de estas denuncias, y que solo han sido notificados por dos casos relacionados con enriquecimiento ilícito y cirugías estéticas presuntamente realizadas en 2023, hecho que amerita ser investigado por los órganos de control constitucional.

“Me parece que el Ministerio Público, con justa razón lo digo, ha instrumentalizado el poder no como una agenda de verdad ni de investigación, sino como una agenda política”, expresó Portugal.

Cabe mencionar que estas no serían las primeras denuncias en contra de la titular del Ministerio Público. Juan José Santiváñez, exministro del Interior, e integrantes de Renovación Popular, Fuerza Popular y Podemos Perú presentaron cuatro demandas ante el Congreso en marzo de este año.

Los señalamientos en su contra son por presuntamente difundir información de una investigación; abuso de autoridad por la denuncia que presentó contra 11 parlamentarios por negociación incompatible; supuesto desacato a la ley impulsada por el Parlamento, que dio a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de la investigación preliminar de los delitos, y encubrimiento en favor del fiscal supremo Pablo Sánchez.

Aunque es grande el listado de investigaciones en contra de la jefa de Estado, las denuncias presentadas entre el 15 y 16 de mayo son cinco. La primera en conocerse fue la formulada contra ella y otros seis exministros: Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola, César Angulo Cervantes, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por lesiones leves y graves a las víctimas de las protestas que se dieron entre los años 2022 y 2023.

“La imputación está vinculada a las protestas sociales producidas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana; identificándose a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados”, indica el documento.

La segunda acusación se dio en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social por colusión agravada al presuntamente favorecer a Víctor Hugo Torres Merino, amigo de su hermano Nicanor Boluarte. La acusación sostiene que fue favorecido con la contratación como proveedor de servicios en dos programas clave del ministerio: el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y el Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS). Por estas labores, habría recibido un monto ascendente a 47 mil soles.

Cabe mencionar que fue el mismo Torres Merino quien indicó que efectivamente “con la participación de Nicanor”, se le favoreció en el programa Qali Warma con S/ 12 mil por “identificar buenas prácticas”, pero no fue la única orden de servicio que recibió. Luego pasó al programa País, también del Midis de Dina Boluarte, con otras tres órdenes por S/12 mil cada una, por capacitar en gimnasia laboral y pausas activas.

La tercera denuncia fue en su condición de extitular del Midis y presidenta. Esta vez, por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos. Ello, por el caso Rolexgate. Le siguió una demanda por presunto encubrimiento en favor del prófugo fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Por último, se anunció una denuncia por omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, en relación con sus intervenciones quirúrgicas.