El estado de emergencia “reforzado” en Pataz con la presencia de un comando militar en la zona y más agentes de las Fuerzas Armadas resguardando la zona para asumir el control del orden interno en la zona no será la solución al problema de la minería ilegal en la provincia de la región La Libertad, al menos esa es la opinión del ministro de Defensa, Walter Astudillo, que explicó las acciones de su sector ante la Comisión de Defensa del Congreso durante la tarde del lunes.
Según el ministro Astudillo, las acciones de un gobierno con respecto a su capacidad para enfrentar a la minería ilegal no son responsabilidad de las Fuerzas Armadas. “(...) Creo que es un error cuando algunas personas creen que las Fuerzas Armadas son responsables de lo que el Estado o un gobierno pueda realizar contra la minería ilegal. La Constitución es bien clara en ese sentido y las leyes también (...)”, afirmó.
“(...) No se puede estar empleando a otras instituciones que tienen otras funciones porque hay un debilitamiento de estas para el cumplimiento de sus respectivas misiones (...) el hecho de que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno no es la solución al problema”, indicó en la sesión en el Palacio Legislativo.
“El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debe tener el respaldo necesario, la orientación clara para que pueda desarrollar sus operaciones y acciones militares con los medios necesarios y con la tranquilidad que significa el tener el respaldo del Gobierno”, sostuvo ante el Congreso.
1.150 agentes de la PNP y FF.AA. en Pataz
Por orden de la presidenta Dina Boluarte, Pataz “reforzó” la aplicación de su estado de emergencia existente con la aplicación de un toque de queda de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. y el envío de 1.150 agentes más para apoyar al asumir el orden interno de la zona. De ellos, 150 son efectivos del Comando Operacional del Norte de las Fuerzas Armadas, y los otros 1.000 son agentes de la Policía Nacional
El despliegue de las fuerzas de seguridad se enmarca dentro de un conjunto de medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la creciente ola de delincuencia en la provincia de Pataz, luego del asesinato de 13 trabajadores mineros. Además de la intervención de las Fuerzas Armadas, el gobierno ha decidido mantener el estado de emergencia en la zona por 30 días, lo que las autoridades esperan otorgue control directo de las fuerzas de seguridad sobre el orden interno.
En respuesta a la situación, el Comando Unificado liderado por el General de División Carlos Rabanal ha sido constituido con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la región. Este comando se apoya tanto en efectivos de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, con el fin de contrarrestar las actividades ilícitas que han venido afectando la región.
“Se han tomado la foto y regresarán a Lima”
Infobae Perú conversó en exclusiva con el ex GEIN y experto en seguridad, Jose Luis Gil, quien afirmó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte parece no saber contra qué problema se está enfrentando y que el envío de agentes de las Fuerzas Armadas a Pataz es una respuesta populista, pues no hay un plan detrás de estas acciones.
“Aquí están simplemente tratando de satisfacer a la opinión pública. Como decimos nosotros, ”para la platea”. La presidenta, los ministros, hemos visto que se han tomado la foto, ya se filmaron, ahora se regresan a Lima y ahí dejan a los militares. Entonces, no me parece que esto sea una estrategia”, sostuvo a este medio.
Finalmente, el ex GEIN indicó que a estas alturas, el problema de la inseguridad tiene responsables políticos y ellos son la presidenta Dina Boluarte y el ministro Gustavo Adrianzén, pues ellos son los responsables del Gobierno, aunque también nombró al ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta.
“Estamos frente a un fenómeno nacional que afecta a la seguridad interna del país, que se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional. Ya no se puede señalar hacia abajo. Las responsabilidades tienen que ir hacia arriba porque los que están dirigiendo (Boluarte y Adrianzén) no tienen la línea correcta de la estrategia contra la criminalidad”
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