
En un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) condenó la masacre ocurrida el pasado 26 de abril en la región de La Libertad, donde 13 trabajadores de una empresa subcontratada por la minera Poderosa fueron secuestrados y asesinados por una organización criminal vinculada a la minería ilegal. Según la entidad, se ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas su servicio para buscar justicia, y, por indicación del ministro Javier Arévalo, un equipo multidisciplinario ha asumido el patrocinio legal de dos de las familias afectadas.
El Minjusdh precisó que su equipo ya se encuentra trabajando en la zona y participando activamente en las diligencias relacionadas con el caso. Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente presión por parte de autoridades de Pataz y la sociedad civil para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

El Ministerio del Ambiente, a través de su titular Juan Carlos Castro, también se ha pronunciado sobre el suceso, destacando que el Ejecutivo ha conformado un Grupo Especial contra el crimen organizado. Según Castro, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) están trabajando de manera conjunta para capturar a los criminales responsables de la masacre. Además, Castro recordó que el gobierno continúa promoviendo la aprobación de una ley sobre terrorismo urbano en el Congreso.
Por su parte, la minera Poderosa informó que los trabajadores asesinados prestaban sus servicios a una empresa minera artesanal, R & R, que tiene contrato de explotación de material aurífero. Las autoridades investigan las circunstancias en las que los empleados de seguridad fueron atacados por los delincuentes.
La PNP y las Fuerzas Armadas mantienen operativos en la región de Pataz con el fin de dar con los responsables, mientras que el Ministerio de Energía y Minas continúa revisando el registro de operaciones informales, conocido como Reinfo, para eliminar a los criminales que operan en la zona bajo el disfraz de mineros informales.
Dina Boluarte declara toque de queda en Pataz tras hallazgo de 13 trabajadores asesinados
La presidenta Dina Boluarte impuso el toque de queda en la provincia de Pataz, en La Libertad, después de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos de 13 mineros. La medida se toma al día siguiente de descubrir los cadáveres de las víctimas, quienes habían sido reportados como desaparecidos. Esta noticia surge después de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, desestimara el secuestro el pasado fin de semana. El toque de queda comenzará a las 6:00 p.m. y finalizará a las 6:00 a.m., y se oficializará mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
La medida fue anunciada tras una reunión entre Boluarte, el gobernador de La Libertad, César Acuña, y el alcalde de Pataz, Aldo Mariño. Acuña propuso declarar el estado de sitio, calificando la medida de “extrema pero necesaria” para recuperar el control de la zona y combatir las redes criminales. Además, Boluarte accedió a la solicitud de instalar una base militar en la provincia debido a la falta de presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La presidenta también anunció la suspensión de toda la actividad minera en Pataz por un plazo de 30 días, como parte de las acciones para enfrentar el crimen organizado y la violencia que afecta la región. La medida, que entrará en vigor de inmediato, también incluye la suspensión de los Reinfos (Registros de Información Fiscal) en proceso de formalización, afectando a los trabajadores informales que estaban en vías de regularizar su situación. Durante su intervención, Boluarte hizo un llamado a las empresas mineras para que tomen responsabilidades en la vigilancia de sus concesiones y no subcontraten a trabajadores.
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