El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Edison Vargas Huamanga, presidente de la comunidad de Fuerabamba, por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude. La acción judicial responde a un requerimiento presentado por la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA-DC) de la Policía Nacional de Perú. La investigación se basa en un informe periodístico publicado por Perú21 a principios de marzo del 2024, que señaló irregularidades en el manejo de los fondos que la empresa entregó a la comunidad como parte de un acuerdo económico.
En 2023, la empresa minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba llegaron a un acuerdo mediante el cual la empresa pagó una compensación económica por un total de USD 31,8 millones, destinada a resolver un conflicto por tierras que se remonta a 2011. De esta suma, aproximadamente USD 19,8 millones fueron entregados a Edison Vargas, como representante de la comunidad, en tres cuotas que fueron efectuadas entre abril y mayo de 2024.
Sin embargo, según las denuncias presentadas, Vargas Huamanga habría retrasado la distribución de los fondos entre los más de 600 comuneros que esperaban su compensación. Según lo informado por el citado medio, algunos miembros de la comunidad han manifestado que no recibieron su parte del dinero durante meses, mientras que otros aún no han recibido ningún pago hasta la fecha.
Adquisiciones sospechosas
Tras recibir el pago de Las Bambas, Edison Vargas realizó varias compras significativas que han generado suspicacias en torno al uso de los fondos. Según informó Perú 21, entre las adquisiciones que se detallan en el informe de la Policía Nacional, se encuentran una casa en Cusco por USD 210.000, comprada en efectivo en diciembre de 2024, y varios vehículos de alto valor, incluyendo dos camionetas Toyota Hilux, una Toyota Fortuner y un minibús, con un total cercano a los USD 200.000. Estas compras también fueron realizadas presuntamente en efectivo y registradas a nombre de Vargas o de su empresa, Inversiones Reedy.
El reporte del citado diario indica que Vargas Huamanga ha defendido estas adquisiciones, asegurando que la compra de la casa fue financiada con un “préstamo familiar” y que los vehículos fueron adquiridos para ayudar a sus familiares. Sin embargo, según el mismo informe, hasta el momento Vargas no ha proporcionado los documentos que acrediten estas transacciones informales.
Investigación por lavado de activos
La investigación que lleva adelante la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Abancay, bajo la conducción de la fiscal Elia Sequerios Medrano, pretende determinar si Edison Vargas utilizó su cargo como presidente de la comunidad para enriquecerse de manera ilícita. La fiscalía también está evaluando si Vargas intentó legitimar los bienes adquiridos mediante las compras de propiedades y vehículos, utilizando su empresa Inversiones Generales Reedy SRL como fachada para algunas de las transacciones.
A medida que la investigación avanza, el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan recabando pruebas y analizando los documentos relacionados con las adquisiciones de Edison Vargas.
Comunidad de Fuerabamba responde
Según informó el mismo diario, el 24 de abril de 2025, los integrantes de los 13 caseríos que conforman la comunidad de Fuerabamba enviaron una carta solicitando que Edison Vargas convoque una asamblea general extraordinaria para rendir cuentas ante los comuneros sobre la distribución de los USD 19,8 millones recibidos como compensación.
En la carta, los comuneros exigieron un informe detallado sobre la distribución de los fondos, dada la creciente preocupación por la falta de claridad en el manejo de los mismos. Aunque la propuesta fue planteada para el 28 de abril, Edison Vargas no ha respondido a la solicitud y, hasta la fecha, no ha convocado la asamblea ni ha dado ningún informe sobre el reparto de la compensación.
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