
En la madrugada de este 16 de abril, la ex primera dama y esposa del ex presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, cruzó las fronteras del país con destino a Brasil. Lo hizo en compañía de su menor hijo y bajo la figura del asilo político otorgado por el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, lo que facilitó este traslado no fue solo la decisión extranjera, sino el salvoconducto autorizado por la gestión de Dina Boluarte.
Este documento, emitido oficialmente la noche del martes 15 de abril, evitó la ejecución inmediata de una condena de 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado. Heredia fue hallada responsable en primera instancia por la presunta recepción de aportes ilícitos del gobierno de Venezuela y de la constructora Odebrecht para financiar las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.
La noticia generó diversas reacciones en el espectro político y jurídico. Aunque la entrega de un salvoconducto en contextos de asilo está contemplada en acuerdos internacionales, el artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 establece límites para personas condenadas por delitos comunes, salvo que los hechos adquieran una dimensión política clara. Este punto se convirtió en el centro de una discusión legal que escaló en cuestión de horas.
Así, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el Ejecutivo solicitó que el canciller Elmer Schialer acuda al Pleno del Parlamento para explicar las razones detrás de la decisión. Sin embargo, aclaró que una negativa del Estado peruano podría haber derivado en una crisis diplomática con el vecino país del este.
Figuras del humalismo en el entorno de Boluarte

Mientras se debatían las implicancias jurídicas del salvoconducto, surgieron múltiples teorías sobre un posible vínculo entre la administración de Dina Boluarte y el círculo más cercano al expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia. El principal sustento de estas sospechas: la presencia de exfuncionarios del gobierno humalista en puestos clave del Ejecutivo actual.
Uno de los nombres más sonados fue el de Gustavo Adrianzén, quien asumió la Presidencia del Consejo de Ministros en marzo de 2024. Durante el gobierno de Humala, Adrianzén fue ministro de Justicia y Derechos Humanos entre abril y octubre de 2015. En ese entonces, Nadine Heredia era considerada una figura central en las decisiones del Ejecutivo.
Otro nombre que generó atención fue el de Alberto Otárola, quien lideró la PCM en el gobierno de Boluarte hasta marzo de 2024. Años antes, entre 2011 y 2012, Otárola ocupó el Ministerio de Defensa bajo la gestión de Humala. Esta coincidencia de trayectorias ha sido interpretada como un indicador de proximidad entre ambas administraciones.

También figura Nicanor Boluarte, hermano de la actual presidenta, quien fue viceministro de Trabajo durante el gobierno nacionalista. Y el abogado Juan Carlos Portugal, que asumió la defensa legal de Dina Boluarte en mayo de 2024, es el mismo que anteriormente representó a Nadine Heredia en procesos judiciales.
Estas coincidencias han alimentado hipótesis sobre una supuesta continuidad de redes políticas o lealtades pasadas en el aparato estatal actual. Algunos sectores consideran que estas conexiones podrían tener un peso en decisiones administrativas y políticas recientes, como la entrega del salvoconducto.
Cabe precisar que la entrega del salvoconducto ocurre en un contexto donde las decisiones diplomáticas pueden tener repercusiones políticas. El asilo concedido por Brasil se basa en su propia interpretación del carácter político del caso Heredia, mientras que el Perú debía decidir si permitía o no su salida.
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