
En medio de un clima de tensión en el sector transporte, marcado por un reciente paro nacional que exige soluciones frente a la creciente inseguridad ciudadana, el congresista Luis Cordero Jon Tay presentó una controvertida propuesta legislativa. Se trata del proyecto de ley N° 10825/2024-CR, el cual busca implementar una amnistía para las multas de tránsito.
“La presente ley tiene por objetivo conceder amnistía a favor de los conductores particulares, transportistas del servicio de transporte público terrestre de personas y mercancías y del servicio de transporte público terrestre de pasajeros en vehículos menores, respecto de las infracciones a las normas de tránsito y transporte terrestre”, se lee en el objeto de la ley.
La finalidad principal de esta propuesta, según lo planteado por el parlamentario, es ofrecer un alivio económico a los conductores y transportistas, un sector que ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años. El documento argumentó que la pandemia de COVID-19, que comenzó en marzo de 2020, marcó el inicio del período considerado para la amnistía, un lapso en el que muchos trabajadores del transporte vieron reducidos sus ingresos debido a las restricciones sanitarias y la disminución de la actividad económica.
Sin embargo, esta iniciativa surge en un momento en el que el sector transporte está enfocado en una problemática distinta: la inseguridad ciudadana. Los transportistas han expresado su preocupación por los altos índices de violencia que enfrentan en su labor diaria, incluyendo asaltos y asesinatos. En este contexto, algunos líderes gremiales consideran que la propuesta del Congreso no responde a las prioridades actuales del sector.

¿Desde cuándo y a quiénes alcanzaría?
De acuerdo con el proyecto, de aprobarse, la amnistía se aplicaría a las infracciones de tránsito cometidas desde el 16 de marzo de 2020 hasta la fecha en que la ley entre en vigor. Vale mencionar que el documento recién ha sido ingresado, todavía deberá ser debatido por la comisión pertinente y, de haber un acuerdo, por el Pleno del Congreso.
En caso de tener luz verde por parte del Parlamento, no todos los conductores podrán acceder a este beneficio. Solo serán elegibles aquellos que no hayan reincidido en infracciones similares durante los 12 meses previos. Además, las infracciones consideradas “muy graves” o aquellas relacionadas con accidentes de tránsito que hayan causado daños a la integridad o vida de otras personas quedarán excluidas de esta medida.
Críticas desde el gremio de transportistas
En diálogo con Infobae Perú, pese a que el titular de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, se mostró a favor de la medida, consideró que debe priorizarse las medidas relacionadas con la inseguridad ciudadana. “Deberían enfocarse más en el tema de la lucha contra la criminalidad”, mencionó.
En ese sentido, detalló los acuerdos adoptados en reunión con representantes de los gremios de transportistas y altos funcionarios del gobierno. Entre ellos, el presidente del Congreso, del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, los ministros del Interior, Transportes y Comunicaciones, Justicia, Defensa, el jefe del estado mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y parlamentarios.

Uno de los principales resultados del encuentro fue la firma de un acta en la que las autoridades se comprometieron a implementar medidas para intensificar la seguridad en las carreteras y en los puntos críticos donde operan las bandas criminales. Estas acciones incluyen un aumento en el patrullaje policial en las zonas más vulnerables, con el objetivo de disuadir las actividades delictivas y proteger a los transportistas.
Entre las medidas se dispuso la presentación de un plan de articulación interinstitucional, implementación de leyes en materia de seguridad y una nueva reunión en un plazo máximo de 30 días para evaluar el cumplimiento de compromisos y tareas asumidas.
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