El Congreso de la República ratificó una medida que modifica el tratamiento penal para adolescentes de 16 y 17 años, permitiendo que sean juzgados como adultos en casos de delitos graves. Esta decisión incluye la posibilidad de imponer penas de hasta cadena perpetua a menores de edad que cometan crímenes como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual, entre otros. La reconsideración de la segunda votación del dictamen fue rechazada, consolidando así la aprobación de esta controvertida norma.
De acuerdo con el congresista José Luna Gálvez, autor de la propuesta, esta reforma busca responder a la creciente crisis de inseguridad ciudadana y al aumento de la violencia delictiva en el país. “No podemos mantenernos impasibles ante esta ola de criminalidad. Es necesario aplicar medidas severas para restablecer el principio de autoridad y proteger a nuestros jóvenes de ser utilizados por organizaciones criminales”, afirmó el legislador.
El legislador subrayó que esta medida responde a una realidad alarmante: el uso de menores de edad por parte de organizaciones criminales para cometer delitos, aprovechando su inimputabilidad. “Sabemos que los delincuentes más peligrosos recurren a menores para ejecutar asesinatos por encargo, secuestros y actividades de narcotráfico. Esto debe detenerse de inmediato”, enfatizó.
¿Por qué delitos podrán ser sentenciados?
La norma abarca casos de pandillaje pernicioso, parricidio, homicidio calificado, conspiración, sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio, violación sexual y delitos cometidos contra personas en estado de inconsciencia o incapacidad para resistir. Asimismo, se aplicará en situaciones donde las víctimas sean menores de edad o no puedan dar su libre consentimiento.
El congresista explicó que, aunque los adolescentes serán juzgados como adultos, el sistema penitenciario aplicará un tratamiento diferenciado para los internos de entre 16 y 21 años. Este enfoque, conocido como sistema de individualización científica, busca separar a los jóvenes de los reclusos de mayor edad dentro de los penales, con el objetivo de evitar influencias negativas y promover su rehabilitación. “Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”, opinó.
Cabe mencionar que la aprobación de esta reforma se produce en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana y el aumento de la violencia delictiva en el país. Además, aunque ha sido respaldada, no ha estado exenta de cuestionamientos. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha expresado públicamente su rechazo.
A través de su comité de expertos, el organismo recordó que el Perú ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990 y que este tipo de medidas contradicen los estándares internacionales de protección a la infancia. “Se reafirma la necesidad de buscar medidas alternativas no judiciales y evitar las penas privativas de libertad, dejándolas como último recurso”, suscribieron.
En ese sentido, recomendaron fortalecer y asignar mayores recursos al Sistema de Justicia Juvenil, incluyendo la creación de tribunales especializados para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley. Luis Pedernera, vicepresidente del grupo de trabajo, explicó que no existe evidencia sobre su efectividad. “La experiencia demuestra que cuando los países han tomado esta medida, el espiral de violencia se ha recrudecido. Las cárceles terminan siendo escuelas del crimen, donde los adolescentes perfeccionan sus habilidades delictivas”, afirmó para La República.
A las críticas se sumó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el cual opinó en la misma línea, advirtiendo que la norma establece que “las y los adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos”. “Ellos/as están en una etapa de desarrollo y por ende deben ser juzgados y sancionados dentro del Sistema Penal Judicial Juvenil especializado que está orientado a garantizar su reinserción social“, mencionaron en noviembre del año pasado.
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