El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado al Estado peruano que se abstenga de reducir la edad de responsabilidad penal de adolescentes involucrados en delitos graves.
La advertencia responde a iniciativas de diversos congresistas y del propio ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quienes han propuesto que los menores de 16 y 17 años sean procesados y condenados como adultos, cumpliendo penas en cárceles comunes.
La ONU, a través de su comité de expertos, recordó que el Perú ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990 y que este tipo de medidas contradicen los estándares internacionales de protección a la infancia. “Se reafirma la necesidad de buscar medidas alternativas no judiciales y evitar las penas privativas de libertad, dejándolas como último recurso”, suscribe el informe enviado al Congreso.
El organismo también recomendó fortalecer y asignar mayores recursos al Sistema de Justicia Juvenil, incluyendo la creación de tribunales especializados para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley.
Luis Pedernera, vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, explicó que no existe evidencia que respalde la efectividad de reducir la edad penal. “Todo lo contrario, la experiencia demuestra que cuando los países han tomado esta medida, el espiral de violencia se ha recrudecido. Las cárceles terminan siendo escuelas del crimen, donde los adolescentes perfeccionan sus habilidades delictivas”, afirmó para La República.
La propuesta del Congreso
El debate sobre la edad de responsabilidad penal ha venido tomado fuerza en el Perú. En noviembre de 2024, el Congreso aprobó en segunda votación un dictamen basado en cuatro proyectos de ley impulsados por los legisladores Alejandro Muñante, José Luna, Roberto Chiabra y Juan Burgos. La propuesta busca modificar el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para que menores de 16 y 17 años sean imputables por delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio calificado.
El parlamentario Alejandro Muñante justificó esta medida asegurando que los adolescentes que cometen delitos violentos son tratados como simples infractores y permanecen en centros juveniles hasta los 18 años, sin ser trasladados a penales comunes.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también respaldó esta iniciativa, argumentando que los menores de edad involucrados en organizaciones criminales tienen plena capacidad de discernimiento y deben ser juzgados como adultos.
Sin embargo, la ONU ha calificado estas declaraciones como irresponsables y emplazó a las autoridades a basar sus decisiones en datos y evidencia. Pedernera expuso cifras globales que demuestran que condenar a menores en cárceles comunes aumenta la reincidencia al 70%, mientras que aplicar sanciones alternativas reduce la reincidencia al 20%. Además, indicó que el costo de encarcelar a un adolescente es cuatro veces mayor que el de un programa de rehabilitación.
¿Qué viene ahora?
El futuro de esta propuesta dependerá del Congreso, que deberá definir si mantiene su postura pese a las advertencias de la ONU. Mientras tanto, el debate continúa, con especialistas y organismos internacionales alertando sobre las posibles consecuencias negativas de endurecer la legislación penal juvenil en el Perú.
Defensoría del Pueblo en contra
Esta iniciativa también ha generado un fuerte rechazo por parte de la Defensoría del Pueblo (DP). En una entrevista con Exitosa, Raúl Miranda Sousa, representante de la entidad, sostuvo que la medida atenta contra los convenios internacionales suscritos por el Perú y que la legislación vigente ya contempla un sistema penal especializado para menores.
“Hay una posición para reducir la edad para la responsabilidad penal entre 16 y 17 años. La posición de la Defensoría, en este sentido, es contraria. Nosotros no estamos de acuerdo con esta modificación. Primero tenemos que respetar los convenios internacionales, el derecho convencional nos impide hacer eso”, declaró Miranda Sousa.
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