Asumió la presidencia tras una severa crisis institucional y ha sido protagonista de uno de los mandatos más controvertidos en tiempos recientes. En su gestión, ha sorteado protestas masivas, investigaciones fiscales y escándalos mediáticos. Ahora, el caso de los relojes de lujo que recibió la jefa de Estado, Dina Boluarte, ha tenido un giro clave en el Congreso de la República, donde un grupo mayoritario de legisladores optó por respaldarla y dejar sin efecto la denuncia constitucional en su contra.
El informe final, elaborado por la congresista Nilza Chacón, integrante de la bancada de Fuerza Popular, plantea que no se puede procesar a la mandataria mientras continúe en funciones, amparándose en las restricciones del artículo 117 de la Constitución. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), encargada de evaluar este documento, decidió archivar la investigación por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, en un proceso que ha sido calificado como un posible blindaje político.
¿Quiénes votaron a favor de archivar la denuncia contra Dina Boluarte?
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe que sugiere no seguir adelante con la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte. Diez parlamentarios dieron su respaldo al archivamiento. Entre ellos figuran miembros de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y otras bancadas.
Estos fueron los legisladores que votaron un favor:
- Jorge Montoya (Honor y Democracia)
- Nilza Chacón (Fuerza Popular)
- Víctor Flores (Fuerza Popular)
- Luis Aragón (Acción Popular)
- Héctor Ventura (Fuerza Popular)
- Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso)
- Elvis Vergara (Acción Popular)
- Martha Moyano (Fuerza Popular)
- Segundo Quiroz (Bloque Magisterial)
- Jorge Coayla (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
En contraste, seis parlamentarios se manifestaron en contra:
- Patricia Chirinos (Renovación Popular)
- María Jáuregui (Renovación Popular)
- Flavio Cruz (Perú Libre)
- Esdras Medina (Renovación Popular)
- Pasión Dávila (Bancada Socialista)
- Edgar Raymundo (Bloque Democrático Popular)
Mientras tanto, dos legisladores optaron por abstenerse:
- José Jerí (Somos Perú)
- María Acuña (Alianza para el Progreso)
¿Qué se investiga en el caso Rolex que involucra a la presidenta?
El escándalo se destapó tras conocerse que Dina Boluarte habría recibido artículos de alto valor como relojes Rolex, aretes de oro y una pulsera, sin haberlos incluido en su declaración jurada de bienes. Según la Fiscalía, estos objetos fueron entregados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien habría recibido transferencias millonarias del Ejecutivo tras esos obsequios.
La hipótesis fiscal apunta a que estos regalos no fueron desinteresados, sino que buscaron favores políticos. Se trata, según el Ministerio Público, de un presunto delito de cohecho pasivo impropio. El caso cobró relevancia nacional luego de un operativo de madrugada que incluyó el allanamiento de la residencia de la presidenta y Palacio de Gobierno. Sin embargo, el Congreso no quiso pronunciarse sobre el fondo del asunto.
¿Qué argumentos se usaron para rechazar la denuncia?
El informe elaborado por Nilza Chacón no analiza los hechos en sí, sino que se centra en la supuesta imposibilidad de acusar a una presidenta en funciones por delitos que no figuran en el artículo 117 de la Constitución. Este artículo establece un marco muy limitado para procesar al jefe del Estado, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un obstáculo a la rendición de cuentas.
En la etapa previa, la propia SAC había admitido a trámite la denuncia, pero cambió su postura al momento de emitir un fallo. Para muchos, este giro evidencia una decisión política más que jurídica. El dictamen también sugiere que se evalúe la conducta del exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por haber presentado la denuncia, lo que ha generado preocupación sobre una posible persecución institucional contra el Ministerio Público.
¿Qué implicancias tiene la decisión del Congreso?
El respaldo al archivamiento deja a la presidenta libre de procesos constitucionales mientras permanezca en el cargo. Aunque la Fiscalía continúa con sus diligencias, el Congreso ha cerrado, al menos por ahora, la vía para un antejuicio político. La recomendación de investigar al fiscal que impulsó el caso también ha sido vista por expertos como un mensaje intimidatorio hacia quienes pretenden investigar a altos funcionarios.
La próxima etapa será la sustentación del informe en la subcomisión. Si esta instancia ratifica el documento, no se designará un nuevo congresista para reformular el caso y la acusación quedará sin efecto durante el actual mandato presidencial. La resolución ha generado críticas de sectores que consideran que se ha blindado a la mandataria con argumentos formales, sin discutir el fondo de las evidencias.
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