El fiscal José Domingo Pérez ha cuestionado la actitud de su superior, la fiscal de la Nación Delia Espinoza. Luego de confirmarse su separación del Equipo Especial Lava Jato la acusó de censurar y amordazar a sus colegas, quienes buscaban defenderse de los cuestionamientos en su contra.
La gestión de la nueva titular del Ministerio Público supuso la reducción de apariciones de los fiscales en los medios de comunicación. Esta medida afectó la “credibilidad y legitimidad social” del equipo investigador, según Pérez. “Nos mató”, recalcó en conversación con RPP.
El fiscal lamentó que la institución en la que trabaja ya no defienda “la legalidad, la Constitución, ni sus fiscales”. Asimismo, espera que el funcionario que lo reemplace “ no se doblegue ante la presión y pueda formular una acusación adecuada” contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros implicados en el caso de financiamiento irregular en campañas electorales.
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La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió por seis meses al fiscal José Domingo Pérez, separándolo del Equipo Especial Lava Jato. Pérez calificó la medida como “injusta y abusiva” y denunció un presunto pacto ilícito entre autoridades y el entorno de Fuerza Popular.
Pérez anunció que interpondrá recursos legales para revertir su suspensión y comparó la actual situación con las presiones fiscales de los años 90. Mientras dure la sanción, no podrá ejercer sus funciones como fiscal provincial. Durante la tarde del 8 de abril, denunció que había sido impedido de ingresar a las instalaciones de la Fiscalía cuando intentaba retirar sus artículos personales de su oficina.
Según relató, acudió a las instalaciones para entregar formalmente su despacho y recoger sus pertenencias personales, pero el personal de seguridad le negó el acceso, alegando que necesitaba una autorización especial. Pérez calificó el hecho como un acto de maltrato y abuso de autoridad.
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El fiscal responsabilizó directamente a Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, a quien acusó de actuar de manera irregular y arbitraria. Expresó su preocupación por la seguridad de los documentos y carpetas fiscales a su cargo, en especial aquellos relacionados con casos de alto perfil como el de Lava Jato.
Pérez también adelantó que tomará acciones legales para proteger sus derechos y pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante ante lo que considera un debilitamiento institucional del sistema de justicia. Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir defendiendo la independencia fiscal y señaló que la situación que atraviesa evidencia la presión que enfrentan los magistrados que investigan casos de corrupción política en el país.
Marcha atrás
La Sala de Apelaciones del Poder Judicial ratificó por unanimidad la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso ‘Cócteles’, regresando el proceso a la etapa intermedia de investigación. Esta decisión desestima los recursos presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría de lavado de activos, y supone un giro importante en uno de los casos más mediáticos de la política peruana.
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Tras conocer el fallo, Fujimori manifestó que, aunque nadie podrá devolverle el tiempo perdido, espera que su experiencia sirva para evitar futuros abusos en nombre de la política. Agradeció el apoyo recibido y dedicó palabras emotivas a sus padres. Su abogada, Giulliana Loza, también destacó que la resolución demuestra la vulneración de derechos que sufrió su defendida, calificando el proceso como una persecución política.
El caso ‘Cocteles’ está relacionado con presuntos fondos ilícitos recaudados durante las campañas de Fuerza Popular. La nulidad se basa en vicios procesales y constitucionales detectados por instancias anteriores. El fiscal José Domingo Pérez había apelado para que el juicio continuara, pero la defensa sostuvo que la acusación carecía de garantías fundamentales. Ahora, el proceso deberá ser revisado desde la etapa de control de acusación.
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