El pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que propone modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI. La iniciativa fue respaldada por 82 congresistas, 15 votos en contra y 4 abstenciones, y fue exonerada de una segunda votación. La norma pasará ahora al Ejecutivo para su observación o promulgación.
En el texto del documento, recaído en los proyectos de ley 6162/2023-CR, 6252/2023-CR, 7140/2023-CR, 7354/2023-CR, 7367/2023-CR y 7505/ 2023-CR, se establece que se considerará una infracción muy grave “financiar o destinar recursos (...) hacia actividades que han sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afectan el orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, y el orden interno”. Diversos especialistas se han manifestado en contra de la norma, debido a que su marco limitaría el rol de las organizaciones de sociedad civil en el Perú y pondría en peligro la libertad de expresión.
Las bancadas que apoyaron esta reforma fueron Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia, conformando el bloque que respalda al Congreso y al gobierno de Dina Boluarte. En cambio, las agrupaciones Juntos por el Perú, Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular, fueron las únicas que se opusieron a la propuesta.
Comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su enérgico rechazo ante la aprobación por parte del Congreso de la República de la modificatoria de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La organización considera que esta reforma impone un control indebido sobre la sociedad civil y pone en riesgo los derechos humanos y la democracia en el país. Según la CNDDHH, esta medida no busca transparencia, sino que pretende acallar las voces críticas que fiscalizan el accionar del Estado y defienden a los sectores más vulnerables.
La CNDDHH alertó sobre el impacto negativo que esta norma tendrá sobre las ONG que trabajan en áreas clave como la salud, la educación y la lucha contra la corrupción, entre otras. Además, advirtió que la ley limita la posibilidad de promover el voto informado y de denunciar a políticos vinculados a actividades ilícitas. Frente a este retroceso democrático, la CNDDHH hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y rechazar el silenciamiento de la sociedad civil, en defensa de una democracia con participación y derechos para todos.
“Con esta norma, las ONG que trabajan en equidad de género, educación, salud, protección de la Amazonía, lucha contra la corrupción, entre otras, serán perseguidas. Se limita además la posibilidad de promover el voto informado y denunciar candidatos vinculados a economías ilegales. En otras palabras, se pretende silenciar a la sociedad civil y debilitar el control ciudadano. “Alertamos a la ciudadanía sobre este grave retroceso y llamamos a mantenerse vigilantes. No podemos permitir que se silencie a quienes luchan por un país más justo y equitativo”, se lee en el comunicado.
Ley cuestionada
La ley considera como infracciones graves que las ONG financien actividades que supuestamente atenten contra el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno, lo que podría afectar a las organizaciones que apoyan manifestaciones y movilizaciones que no estén alineadas con los intereses del gobierno. Además, se establece como infracción grave el financiamiento o asesoramiento de acciones judiciales y administrativas, tanto a nivel nacional como internacional, contra el Estado Peruano. Esto también pone en riesgo el apoyo legal que estas organizaciones brindan a víctimas de violaciones de derechos humanos.
La ley establece que las ONG podrían ser denunciadas ante el Ministerio Público si se encuentran indicios o pruebas de que su financiamiento está destinado a actividades ilegales. Como sanción, se contempla una multa de hasta 500 UIT y la cancelación de la inscripción de la ONG en cuestión.
En su cuenta de X, antes Twitter, la excongresista Rocío Silva Santisteban expresó: “La Ley Anti-ONGs impide que se usen fondos de la cooperación para presentar denuncias contra el Estado: si esto se hubiera dado hace 20 años no habría La Cantuta, Barrios Altos, Putis, Cayara, Cabitos 1, 2 y 3 ni por supuesto las denuncias por ¡esterilizaciones forzadas!”
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