El Pleno del Congreso mantiene en agenda el debate de la propuesta legislativa que modifica la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), a pesar de que diversos especialistas se han manifestado en contra de esta medida.
En diálogo con Infobae Perú, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que, de aprobarse, esta norma abrirá la posibilidad de judicializar a las organizaciones no gubernamentales (ONG), además de buscar un “pronunciamiento judicial respecto de las actividades que están realizando” o si los proyectos que están ejecutando tienen un carácter político.
En el texto del documento se establece que se considerará una infracción muy grave “financiar o destinar recursos (...) hacia actividades que han sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afectan el orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, y el orden interno”.
Sobre ello, Rivera sostiene que este apartado es preocupante porque “bastaría que alguna autoridad administrativa de cualquier ministerio, entidad o gobierno regional declare que alguna organización no gubernamental está comprometida con la realización de actividades políticas”.
“Eso sería una puerta abierta a considerar de que esto es una infracción y, por lo tanto, considerar de que el APCI tiene el camino completamente habilitado para establecer un nivel de sanción, que inclusive van hasta la propia disolución de la de la persona jurídica”, menciona.
De esta manera, afirma el abogado de IDL, se incorporarían conceptos que al ser tan amplios y difusos, solamente el Tribunal Constitucional podría definirlos. Por ejemplo, se tendría que establecer qué es actividad política o incidente de políticas públicas.
En consecuencia, Rivera advierte que se podrían iniciar procesos no solo de fiscalización, sino también de sanción, ya que las organizaciones de derechos humanos, feministas, vinculadas a temas educativas, entre otras, inciden directamente en asuntos de carácter público.
“Hacemos política institucional en el sentido de que pretendemos modificar situaciones que nos parecen atentatorias contra los derechos fundamentales. Pero claro, esa es nuestra perspectiva, también la perspectiva de los donantes, pero desde el punto de vista de un funcionario podría ser algo que este está atentando contra una política de Estado. Y en ese momento estamos fuera de la ley”, aseveró.
Entre las sanciones que se impondrán, dependiendo de la infracción, está el pago de una multa que asciende hasta 2 millones 575 mil soles.
Perú Libre presentó la iniciativa
El entrevistado aseveró que el legislador o legisladora que propuso inicialmente este proyecto “tiene mucha claridad respecto de qué cosa es lo que quiere permitir”, es decir, “una suerte de atropello sobre las actividades de las ONG que consideran ellos disidentes, las problemáticas, las que denuncian, las que cuestionan”.
“Esa parece que es la decisión, y han encontrado una puerta a través de la cual se puede hacer. Uno de esos elementos es ese, justamente, darle un poder casi sin control a la APCI”, subrayó.
La propuesta fue presentada por Segundo Montalvo, de Perú Libre. Como coautores figuran sus compañeros de bancada: kelly Portalatino, Wilson Soto, maría Taipe, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, María Agüero Gutierrez, e Isaac Mita.
No hay intervención extranjera, afirma Rivera
Por otro lado, Rivera aclaró que el trabajo de las ONG no significan una intervención extranjera en el país. En ese sentido, recordó que además de la cooperación multilateral, proveniente, por ejemplo, de las Naciones Unidas, la principal fuente de ingresos proviene de parte de otras naciones, como Estados Unidos, Canadá, y la Unión Europea.
“La cooperación pretende responder a intereses comunes de una comunidad internacional preocupada fundamentalmente por la no ejecución de políticas públicas sobre niños, mujeres, género, educación; derechos fundamentales, que son los temas más problemáticos de las últimas décadas en el Perú”, concluyó.
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