El inicio del año escolar 2025 en Lima Provincias enfrenta serias dificultades. La Contraloría General de la República, a través del Operativo Educación 2025, supervisó 30 instituciones educativas públicas en la región y detectó deficiencias estructurales y falta de condiciones básicas para garantizar un entorno seguro para los estudiantes.
Según el Informe de Visita de Control N° 3427-2025-CG/GRLP-SVC, 19 colegios tienen cercos perimétricos en mal estado y cinco carecen completamente de ellos. Además, 23 presentan paredes deterioradas, 19 tienen techos en riesgo de colapso, ocho cuentan con aulas inhabitables y tres no disponen de módulos prefabricados como alternativa.
Uno de los problemas más críticos es el acceso al agua potable. Doce colegios tienen restricciones para acceder a este recurso, dos no cuentan con desagüe, y cuatro carecen de servicio de recolección de basura. En tanto, 25 instituciones educativas presentan servicios higiénicos en mal estado, 11 no tienen baños diferenciados y varias carecen de mantenimiento adecuado.
La conectividad también es un obstáculo: 25 colegios no tienen servicio telefónico y 12 no cuentan con acceso a internet, lo que limita las herramientas digitales para estudiantes y docentes.
Casos críticos en colegios de Huaral, Cañete y Oyón
El informe detalla situaciones especialmente preocupantes en diversas instituciones educativas. En la I.E. 20329 José Carlos Mariátegui de Hualmay, las aulas presentan fallas estructurales y el mobiliario está deteriorado, pese a contar con un proyecto de mejoramiento a cargo del Gobierno Regional de Lima, que hasta la fecha no ha sido priorizado.
En la I.E. 400 Virgen del Rosario de Huaral, la infraestructura requiere una urgente sustitución, pero las reiteradas solicitudes para la ejecución de un proyecto de mejoramiento, pendiente desde 2018, siguen sin respuesta.
En la I.E. 20999 de Huaral, el cerco perimétrico de adobe presenta desprendimientos, las aulas carecen de mantenimiento, solo se recibe agua potable una hora al día, y los desechos son recogidos una vez por semana.
En la I.E. 20944 de Cañete, ubicada en el centro poblado de Unchor, las paredes de adobe y techos de calamina están en malas condiciones. Además, la institución no cuenta con cerco perimétrico ni protección solar en espacios abiertos, lo que expone a los estudiantes a riesgos durante su permanencia en el colegio.
Finalmente, en la I.E. 20111 de Oyón, las aulas de adobe requieren mantenimiento, no cuentan con losas deportivas y los servicios higiénicos están en mal estado. El agua que consumen proviene de un manantial sin tratamiento y el desagüe está conectado a un tanque séptico, lo que representa un potencial riesgo sanitario.
La Contraloría comunicó estos hallazgos a la Dirección de Educación del Gobierno Regional de Lima Provincias, con el objetivo de que se adopten medidas correctivas antes del inicio del año escolar. Los ciudadanos pueden acceder al informe completo en el portal institucional www.gob.pe/contraloria.
Clases virtuales en colegios extorsionados
Las organizaciones criminales dedicadas a actividades como la extorsión, el cobro de cupos y el sicariato han extendido su accionar delictivo, provocando el cierre de más de 300 colegios privados en Lima Metropolitana y otras regiones como La Libertad. Estas bandas no solo generan terror en sectores como el transporte urbano y el comercio, sino que ahora también tienen en la mira a las instituciones educativas particulares, según alertó la Asociación de Colegios Privados del Perú (Anacopri).
De acuerdo con un informe de Anacopri, desde el año 2024, numerosos colegios privados han visto obligados a cerrar sus aulas definitivamente, cancelando la matrícula de miles de estudiantes.
Ante la gravedad de la situación, Anacopri anunció medidas drásticas para garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal administrativo. En este contexto, declararon que las clases presenciales serán suspendidas y que el servicio educativo se trasladará a la modalidad virtual de manera indefinida, al menos hasta que las autoridades logren ofrecer garantías suficientes para salvaguardar la vida y salud de todos los involucrados.
“Hasta que la autoridad pueda garantizar la seguridad de las instalaciones y la vida y salud de alumnos, padres, profesores y directivos”, manifestó la asociación. Este cambio podría prolongarse hasta el inicio del Año Escolar 2025, afectando al sistema educativo privado a nivel nacional.
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