Tambogrande se alzó en paro contra el proyecto minero El Algarrobo por defensa del agua y agricultura

El pasado viernes 28 de febrero, las personas de Tambogrande, en la región de Piura, llevaron a cabo un paro en rechazo al proyecto minero El Algarrobo, impulsado por la empresa Buenaventura. Según informó el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), la protesta se centró en la defensa de los recursos hídricos y la agricultura, principales fuentes de sustento de la zona. Durante la jornada, se reportó el cierre del mercado central, en señal de apoyo por parte de los comerciantes locales, y la detención de seis personas en el sector La Tranca, quienes fueron trasladadas a la ciudad de Sullana.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de Unidad Popular (UP), la movilización responde al rechazo de la población hacia lo que consideran un modelo extractivista impuesto por el gobierno de Dina Boluarte. Este modelo, según el comunicado, pone en riesgo los recursos naturales, la vida de las comunidades y la soberanía territorial. La protesta también incluyó un llamado a la ciudadanía de Piura y del resto del país para unirse en defensa de la tierra, el agua y la dignidad del pueblo peruano.

Una lucha histórica contra la minería. La resistencia de Tambogrande frente a los proyectos mineros no es nueva. En 2002, esta localidad se convirtió en la primera ciudad de América Latina en realizar una consulta vecinal sobre minería, logrando frenar el ingreso de la empresa Manhattan Minerals a su territorio. Según el OCM, este precedente marcó un hito en la defensa de los derechos de las comunidades frente a la minería. Más de dos décadas después, la población enfrenta nuevamente un desafío similar con el proyecto El Algarrobo, que busca desarrollarse en una región caracterizada por su alta productividad agrícola.

El comunicado de Unidad Popular destacó que Piura es una región fértil y cuna de agricultores que contribuyen significativamente a la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, advirtieron que la minería podría generar contaminación de las fuentes de agua, destrucción de ecosistemas y desplazamiento de comunidades, afectando directamente a miles de familias que dependen de la agricultura.

Detenciones y tensiones en el paro

Durante las manifestaciones, el OCM reportó la detención de seis personas en el sector La Tranca, quienes fueron trasladadas a Sullana. Aunque no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias de estas detenciones, el hecho refleja la tensión que se vive en la zona debido al conflicto entre las comunidades y los intereses mineros.

El paro también contó con el respaldo del Frente de Defensa Urbano de Tambogrande (FREDUR), que convocó a la población a movilizarse en defensa de los recursos naturales. Según el pronunciamiento de Unidad Popular, la lucha de Tambogrande no solo representa los intereses de esta localidad, sino que simboliza una causa nacional en defensa de la agricultura y la vida frente a los intereses de las grandes corporaciones.

Rechazo al modelo extractivista

El pronunciamiento de Unidad Popular calificó al gobierno de Dina Boluarte como “entreguista” y lo acusó de priorizar los intereses privados sobre el bienestar de las comunidades. En este contexto, el proyecto El Algarrobo es visto como una amenaza directa a la soberanía de la región y a su principal actividad económica, la agricultura.

El comunicado también recordó que hace 24 años, la población de Tambogrande logró expulsar a la empresa Manhattan Minerals de su territorio, un logro que consideran un ejemplo de resistencia frente a los intereses extractivistas. Ahora, con el proyecto El Algarrobo, la comunidad enfrenta nuevamente el desafío de proteger sus recursos y su modo de vida.

Un llamado a la movilización nacional

El paro del 28 de febrero no solo buscó visibilizar la oposición al proyecto El Algarrobo, sino también generar un movimiento más amplio en defensa de los recursos naturales del país. Según el comunicado de Unidad Popular, la lucha de Tambogrande es representativa de una problemática que afecta a diversas regiones del Perú, donde los proyectos extractivos generan conflictos sociales y ambientales.

El llamado a la movilización incluyó una invitación a la militancia y a la población de todo el país para unirse en defensa de la tierra, el agua y la dignidad del pueblo peruano. “La lucha de Tambogrande es la lucha de todo el Perú”, concluyó el pronunciamiento, reafirmando el compromiso de las comunidades con la protección de sus recursos frente a los intereses de las grandes corporaciones.