El gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en 157 distritos de 20 regiones del país debido a las intensas lluvias, que vienen causando graves afectaciones a la población. La medida, con una vigencia de 60 días calendario, se aplica en regiones como Lima, Piura, Puno, Tacna y Ucayali.
Con el inicio del año escolar 2025 programado para el 17 de marzo, surge la incertidumbre sobre si las condiciones climáticas permitirán que las clases comiencen en la fecha establecida por el Ministerio de Educación. De acuerdo con la Norma Técnica para el Año Escolar en Instituciones y Programas Educativos Públicos y Privados de la Educación Básica, el calendario académico puede modificarse en función de las condiciones climáticas en Lima y otras regiones.
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En este contexto, la decisión final sobre un posible ajuste en el cronograma escolar recae en las autoridades educativas de cada región. En el caso de Puno, el director regional de Educación, Edson Apaza Apaza, anunció que la reanudación de clases será evaluada debido a las intensas lluvias y huaicos que han afectado a varias instituciones educativas en la región altiplánica.
Según el director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Puno, Sixto Flores Sancho, las precipitaciones persistirán hasta finales de febrero y podrían generar emergencias en diversas zonas. Ante esta situación, las autoridades educativas analizan si existen condiciones adecuadas para el retorno a las aulas o si será necesario postergar el inicio de clases para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.
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Recuperación de clases
La directora general de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación (Minedu), Carmen Concha Tenorio, explicó que corresponde a las autoridades regionales determinar si es necesario modificar el inicio del año escolar, siempre con el debido sustento. Una vez tomada la decisión, deberán informar al Minedu, que brindará asistencia en el proceso de recalendarización. El objetivo, señaló, es garantizar que se cumplan los requisitos mínimos y que el programa educativo se desarrolle según lo previsto, permitiendo que los estudiantes completen los aprendizajes establecidos.
“También [ante] la ocurrencia de alguna emergencia, algún desastre, algún tipo de evento adverso que pueda poner en riesgo la seguridad, la integridad de la comunidad educativa, siempre y cuando se tomen en cuenta los criterios mínimos que este mismo marco normativo establece”, declaró en entrevista con RPP.
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La funcionaria destacó que, en esta ocasión, la principal preocupación es la integridad de los estudiantes, quienes podrían verse expuestos a enfermedades respiratorias, ya que el inicio del año escolar coincide con la temporada de lluvias.
“Debemos salvaguardar las mejores condiciones para el inicio, porque sabemos que justamente el inicio del año escolar coincide con temporadas de lluvia que traen como consecuencia algunas enfermedades infectocontagiosas, que tienen que ver con el estancamiento del agua, por las inundaciones, etc.”, explicó.
Además, precisó que, hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha establecido una fecha fija, ya que cada entidad regional tiene autonomía para tomar esta decisión.
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Finalmente, la representante del Minedu subrayó que, aunque las autoridades regionales tienen la facultad de definir la fecha para el reinicio de clases, esta debe fijarse en el menor tiempo posible. La prioridad, señaló, es evitar interrupciones prolongadas que puedan perjudicar el proceso de aprendizaje y la socialización de los estudiantes.
Infraestructura adecuada
Más allá de la emergencia provocada por las lluvias, la crisis en la infraestructura educativa del Perú es un problema persistente que afecta a miles de estudiantes. Muchas instituciones educativas en el país presentan serias deficiencias en sus instalaciones y en el acceso a servicios básicos esenciales. No todos los colegios cuentan con agua potable, alcantarillado o electricidad, e incluso algunos carecen de baños adecuados, lo que dificulta un entorno seguro y saludable para el aprendizaje.
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De acuerdo con los resultados del Censo Escolar 2024, el 16 % de los locales educativos públicos a nivel nacional tiene edificaciones en riesgo de colapso. En términos absolutos, esto equivale a 7 442 colegios en condiciones críticas, donde estudian aproximadamente 805 mil alumnos. Para dimensionar la magnitud del problema, esta cifra equivale a 18 veces la capacidad del Estadio Nacional, lo que evidencia la urgencia de tomar medidas para garantizar condiciones adecuadas en la infraestructura escolar.
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